Guanajuato, Guanajuato.- El Pleno del Congreso aprobó las 46 leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal de 2026. La votación, empero, no fue un mero trámite: mostró que tras bambalinas el panismo tiene sus confrontaciones internas al no otorgarle peticiones de aumento de contribuciones locales a la todavía blanquiazul Alejandra Gutiérrez; el morenismo, por su parte, oculta tras su combatividad sus propios diferendos.
El panista Víctor Manuel Zanella Huerta presentó el dictamen generado por la Comisión de Hacienda. Un discurso de rigor sobre el fortalecimiento abrió la jornada para que los dictámenes correspondientes fueran aprobados por unanimidad de votos. Con las reservas llegó lo bueno.
La bancada morenista mantuvo un discurso constante de buscar la aprobación de beneficios o descuentos para los sectores más vulnerables.
Hades Berenice Aguilar Castillo propuso una reserva al capítulo de facilidades administrativas y estímulos fiscales de los 46 dictámenes en discusión: incorporar un artículo para hacer un descuento de 50% en los cobros por servicios de protección civil, obra pública y desarrollo urbano para los centros de atención operados por organizaciones sociales. El planteamiento fue rechazado.
Zanella Huerta le aclaró que “en el ámbito estricto de su autonomía hacendaria”, los Ayuntamientos podrán establecer tratamientos fiscales preferenciales adicionales respecto de las cuotas, tarifas o derechos por la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, a favor de personas adultas mayores y personas con discapacidad, exclusivamente en lo relativo al uso doméstico.
Cada Ayuntamiento deberá definir criterios de evaluación socioeconómica que permitan identificar de manera objetiva a las personas beneficiarias con criterios que deberán asegurar que el tratamiento fiscal preferencial se otorgue con apego a los principios de equidad, proporcionalidad y sostenibilidad financiera.
Los criterios aprobados por el Ayuntamiento serán de carácter público y verificable, a fin de garantizar la transparencia en su aplicación y el uso responsable de los recursos municipales vinculados a la prestación de los servicios referidos, especificó.
Y lo que sonaba bonito hizo brincar al morenista Carlos Abraham Ramos Sotomayor: es una simulación, dijo y añadió: la propuesta panista prioriza la autonomía hacendaria municipal por encima del bienestar de las y los ciudadanos. Al igual que su compañero, Antonio Chaurand Sorzano pidió que desde el congreso se determinara quiénes serían beneficiados.
Las reservas fueron avaladas.
Ramos Sotomayor se montó en esa línea y propuso que las personas con discapacidad y adultas mayores deben recibir un descuento de 50% de tarifas e impuestos municipales en la vivienda en que habitan como un acto de justicia social. Propuso que el consumo de agua fuera gratuito en los hogares de personas adultas mayores y con discapacidad permanente en los 46 municipios. Su propuesta fue rechazada. Misma suerte corrió una propuesta similar presentada por su compañera Miriam Reyes Carmona, que lo centró en el municipio de Guanajuato, para que se aprobara un descuento de hasta el 50% en cobro de agua potable para pensionados y grupos en situación de vulnerabilidad.
Y era postura diferenciada: la mayoría panista y aliados votaba en contra de las propuestas morenistas, aun cuando fueran a favor de municipios azules; en contraste, a la panista Susana Bermúdez Cano le aprobaron dos reservas: u Una con la finalidad de hacer ajustes en materia de derechos por venta de agua residual y tratada para riego agrícola y modificar el costo por hectárea para pasar de 483.15 a 464.57; la otra, en materia de servicios de obra pública y desarrollo urbano para eliminar párrafos que aluden a una fracción inexistente.
Misma suerte tuvo su compañera Angélica Casillas Martínez, quien presentó una reserva en el municipio de San Francisco del Rincón sobre facilidades administrativas y estímulos fiscales en materia de servicios de asistencia para personas en situación vulnerable.
La panista Karol Jared González Márquez presentó una reserva en el municipio de León sobre la tarifa de inmuebles para que se mantengan igual que en 2025, así como lo correspondiente al impuesto predial para reafirmar que no se avalaría un incremento sin justificación.
En resumen: “batearon” la propuesta de la presidenta municipal leonesa, Alejandra Gutiérrez, para ajustes al impuesto predial. Sólo le dejaron un incremento del 4% conforme a los criterios aprobado por las Comisiones Unidas, debiendo ser impactado en la “cuota fija” y “tasa” y se incorporan 3 niveles, para enfatizar la estructura progresiva del Impuesto, exclusivamente en los últimos rangos.
Buscaron “poner en orden” a una renegada panista de la que se especula está por abandonar al partido.
No todos los panistas celebraron la acción: José Erandi Bermúdez Méndez externó que se debe tener madurez política para entender que legislar no es lo mismo que gobernar, debido a que cuando se ponen obstáculos a las alcaldesas, alcaldes o cabildos, los únicos que salen perjudicados son la ciudadanía, quienes no tienen interés en el origen de los recursos para atender sus necesidades.
Añadió que cada vez que se impone un requisito innecesario para el ejercicio del gasto se condena a un municipio al subejercicio y a la ineficiencia, por lo que no es viable medir bajo el mismo parámetro al municipio más grande de la entidad con el de menor tamaño por las particularidades que existen en cada región o zona. No obstante, su voto fue alineado con su grupo parlamentario.
El morenista adoptado leonés, David Martínez Mendizábal presentó dos modificaciones: una, con el objeto de insistir en el subsidio a personas vulnerables, expresó, en materia de agua potable. Se pronunció porque el servicio doméstico de agua sea accesible para todas las personas y no se vea como una mercancía o un factor de exclusión para personas en situación de vulnerabilidad; la otra, en materia de gratuidad de los servicios de sutura, inyección y curación que, apuntó, estaban en la anterior ley, y pidió se reincorporara. Las reservas no fueron aprobadas.
La priista Rocío Cervantes Barba presentó una reserva en el municipio de San Miguel de Allende para adicionar un artículo 23 que establezca el cobro del derecho correspondiente a los derechos por la prestación de los servicios de protección civil, toda vez que el municipio propone nuevos costos que sí se encuentran debidamente justificados.
También pidió que se reservara el artículo 33 para establecer los cobros en materia de servicios de bibliotecas públicas y Casa de Cultura debido a que el municipio sí presenta de manera correcta la relación de costos de los servicios que se prestan en dichos servicios públicos. Ambas propuestas fueron respaldadas.
Hades Berenice Aguilar Castillo planteó un cambio en la Ley de Ingresos del municipio de Salamanca para fortalecer los beneficios para los más necesitados e incrementar los descuentos a un 50% en temas de agua para personas adultas mayores, asilos de ancianos y centros de rehabilitación. Como era de esperarse, su reserva fue rechazada.
La bancada morenista desahoga sus asuntos internos con su combatividad en tribuna, pues a su interior está viviendo sus propias tormentas.
