Guanajuato, Guanajuato.- La Comisión de Justicia, se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar una iniciativa de reforma al Código Penal estatal y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General para crear el Registro de Personas Agresoras Sexuales y constituir un sistema de información de carácter público que contenga los registros de quien reciba sentencia ejecutoria por un juez penal por la comisión de delitos de carácter sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.
La morenista María Eugenia García Oliveros comentó que son iniciativas importantes para la protección de las mujeres que han sido violentadas tanto dentro como fuera de su hogar, ya que en el contexto social donde se ha incrementado la violencia contra las mujeres es esencial que se lleven a cabo reformas que protejan su vida. Instó a sumar esfuerzos con la gobernadora del estado y la presidenta de México para lograr que las mujeres dejen de ser violentadas. Resaltó que eso solo se logrará con un marco jurídico que homologue normas y las fortalezca.
Alejandro Sierra, consejero jurídico de la gobernadora, comentó que las iniciativas atienden una problemática que se vive en la entidad y una agenda nacional; que el registro de personas agresoras no era un tema novedoso, que ya existe en otros estados, que han analizado las acciones de inconstitucional y, con base en ello, se presentó la propuesta que puede sortear esas acciones.
El interés superior del menor, indicó, debe estar por encima de los datos personales, por lo que el derecho colectivo es superior al derecho particular y con esta propuesta no se protege a una sola persona sino a todas.
De manera general, los participantes comentaron que coincidían con el fin de la propuesta; que se debe revisar la duración de la publicidad del registro; que la propuesta legislativa persigue una finalidad constitucionalmente válida, al tratarse de una medida que pretende cumplir con la obligación del Estado respecto de los deberes reforzados con niñas, niños, adolescentes y mujeres en materia del derecho humano a vivir una vida libre de violencias.
La panista Susana Bermúdez Cano indicó que sí veía una necesidad de contar con esta iniciativa, al señalar que cuando un docente comete violencia sexual y sólo lo cambian de lugar; cuando una mujer enfrenta un abuso y su agresor sale libre, se debería considerar y entender a quienes han sufrido el abuso.
En los trabajos de la mesa participaron las diputadas María Eugenia García Oliveros y Susana Bermúdez Cano. Además, asistieron Elizabeth Durán y Jonathan Moreno de la Fiscalía General; Alejandro Sierra Lugo, Karla Cruz Vega y Vicente Vázquez de la Consejería Jurídica; Luis Alberto Estrella Ortega de la Procuraduría de los Derechos Humanos; y personas asesoras parlamentarias.
Revisan propuesta para incrementar la pena para la violencia familiar
La misma comisión realizó otra mesa de trabajo para el análisis de la propuesta que busca modificar el Código Penal del Estado de Guanajuato, a fin de incorporar una pena más severa en el tipo penal de violencia familiar.
No se trata de un incremento de penas, sino de lograr la media aritmética entre la pena mayor y la pena menor para alcanzar que sean más de 5 años de prisión, así como que no haya una suspensión condicionada en beneficio del imputado.
Asimismo, se mencionó que la iniciativa es procedente por dar cuenta de la afectación que se vive en el seno familiar y genera una medida contundente para efectos poder atacar las múltiples manifestaciones de violencia familiar, mismas que deben abordarse desde una perspectiva integral que reconozca el contexto histórico que perpetua relaciones de poder y desigualdad, junto a que se atienda las condiciones particulares de las víctimas.
La panista Susana Bermúdez Cano externó coincidencia con el reforzamiento de los artículos que tienen que ver con violencia familiar, el cual dijo que es uno de los delitos que ha mostrado un incremento en la entidad. También refirió que existen diversas opiniones de instituciones que se deben tomar en cuenta en el análisis que se tendrá con los asesores de los diferentes grupos parlamentarios.
En los trabajos de la mesa participaron las diputadas María Eugenia García Oliveros y Susana Bermúdez Cano. Además, asistieron Elizabeth Durán y Jonathan Moreno de la Fiscalía General; Alejandro Sierra Lugo, Karla Cruz Vega y Vicente Vázquez Bustos de la Consejería Jurídica; Luis Alberto Estrella Ortega de la Procuraduría de los Derechos Humanos; personas asesoras parlamentarias; y personal de las diferentes áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.
