Guanajuato, Guanajuato.- El Pleno del Congreso local exhortó a los 46 ayuntamientos del Estado de Guanajuato para que, en el marco del programa nacional y estatal en materia de seguridad pública, y de las acciones de coordinación entre la federación, los estados y los municipios previstas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Ley general para la Prevención social de la Violencia y la Delincuencia, en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, en la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Guanajuato y sus Municipios y, en la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, emitan o actualicen, en su caso, los instrumentos y programas municipales en materia de seguridad pública y de la prevención social de la violencia.
El panista José Erandi Bermúdez Méndez habló a favor de la propuesta. Indicó que en el Congreso del Estado se avalan diversas leyes que obligan a los municipios a realizar distintas acciones, pero muchas veces no se materializan ni hay consecuencias para los ediles que no cumplen, por lo que se convierten en letra muerta.
El morenista Ernesto Millán Soberanes manifestó que el dictamen puesto a discusión es un reflejo de la preocupación en la que se coincide sobre las medidas y acciones que se deben de tomar para regresar la seguridad a la entidad y a los municipios.
Agregó que particularmente en Silao, los homicidios dolosos han aumentado un 35% y que el homicidio con arma de fuego ha aumentado un 23%, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo que permiten ver la realidad de lo que ocurre en el mencionado municipio.
El ecologista Sergio Alejandro Contreras Guerrero externó que el punto que unió la propuesta fue que los 46 Ayuntamientos emitieran o actualizaran, en su caso, los instrumentos y programas municipales en materia de seguridad pública y de prevención social de la violencia y la delincuencia.
Llaman a fortalecer los mecanismos de denuncia ante el delito de la extorsión
Pleno también exhortó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de Seguridad y Paz y a los 46 Ayuntamientos del Estado de Guanajuato, para que, dentro del ámbito de su competencia difundan a través de los canales institucionales, materiales para la prevención del delito de extorsión, con el objeto de que la población tenga conocimiento de cómo actuar para evitar ser víctima de este delito y que se encuentra a su disposición el número telefónico 089 para denunciar.
Al hablar a favor, el diputado José Erandi Bermúdez Méndez indicó que el dictamen contiene mecanismos que ayudan al ciudadano cuando es víctima del delito de extorsión, donde destaca que la autoridad pueda intervenir en un tema tan delicado y que arrebata la tranquilidad de la sociedad. Es fundamental que la sociedad conozca las rutas de denuncia, aseveró.
La morenista Martha Edith Moreno Valencia remarcó que el objetivo de la propuesta es que el gobierno del estado y los municipios promuevan y puedan dar difusión al número 089 a la ciudadanía, que es el canal oficial de denuncia contra la extorsión porque muchas personas no lo conocen.
El punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos.
Exhortan los 46 municipios a cumplir con la normativa de protección animal
Otro exhorta a los 46 municipios del Estado de Guanajuato fue para que emitan disposiciones reglamentarias para la aplicación y observancia de las normas locales y nacionales en materia de protección de animales domésticos y de compañía, expidan o adecuen sus reglamentos y demás disposiciones, en congruencia con el decreto legislativo número 336 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el 2 de agosto de 2024, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a la Ley para la Protección Animal del Estado de Guanajuato.
Asimismo, a dar cumplimiento, con carácter de urgente, a las obligaciones previstas en los artículos transitorios del decreto legislativo que reformó la Ley para la Protección Animal del Estado de Guanajuato, y con el reglamento aplicable, impulsar el fortalecimiento institucional para contar con un Centro de Control y Asistencia Animal, con políticas de gobernanza para establecer el Consejo de Protección Animal, y fomentar la educación ambiental que concientice sobre el valor de la vida de los seres sintientes.
El exhorto tiene su origen en una propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución formulado por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El morenista David Martínez Mendizábal formuló una reserva y propuso una modificación en la redacción para precisar que la LXVI Legislatura del Congreso del Estado acuerda girar un atento exhorto a los 46 municipios del Estado de Guanajuato para que expidan o adecuen sus reglamentos y demás disposiciones en congruencia con el Decreto Legislativo 336 Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, el 2 de agosto de 2024, parte 2, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley para la Protección Animal del Estado de Guanajuato.
En tanto, la panista María Isabel Ortiz Mantilla pidió que se agregara un párrafo en el que se enuncie: “En ese marco deberán contar con un reglamento aplicable, impulsar el fortalecimiento institucional para contar con un centro de control y asistencia animal, fortalecer la política de gobernanza para establecer el Consejo de Protección Animal, además de fomentar la educación ambiental que concientice sobre el valor de la vida de los seres sintientes”.
Ambas propuestas fueron aprobadas y agregadas al exhorto aprobado por unanimidad.
Exhortan a la UG a garantizar el diálogo en la comunidad estudiantil
El Pleno del Congreso local exhortó al Consejo General Universitario y a la persona titular de la Rectoría general de la Universidad de Guanajuato para que impulsen prácticas democráticas que garanticen el diálogo y la participación de la comunidad estudiantil en la vida interna de la institución, así como para que promuevan entre el personal el respecto a la pluralidad de ideas, pensamiento crítico y el derecho a la manifestación y a la libertad de expresión.
Lo anterior, a fin de que tanto de manera personal como colegiada se conduzcan conforme a los principios de la verdad, libertad, igualdad, solidaridad, justicia, responsabilidad, honestidad y respeto previstos en el Código de Ética de la citada universidad en todas las interrelaciones entre quienes forman parte de la máxima casa de estudios, así como con la sociedad y el mundo en el que se inserta el funcionamiento institucional, privilegiado para la atención de conflictos entre estudiantes y el personal académico y administrativo la utilización y formas breces de resolución, a través de los mecanismo alternos de solución de controversias, así como de prácticas restaurativas, empelando en todo momento el diálogo constructivo y propositivo en los asuntos institucionales.
La bancada morenista, con las voces de Martha Edith Moreno Valencia y Miriam Reyes Carmona expusieron a favor de la propuesta e hicieron una defensa de jóvenes que se manifestaron contra el mecanismo de selección de la rectora general. A ellas se sumó la emecista Sandra Alicia Pedroza Orozco, quien destacó que no debe quedar rastro alguno de criminalización contra estudiantes.
El panista Juan Carlos Romero Hicks explicó que el dictamen llevó dos años de un trabajo de debate interno, de búsqueda de consensos. Remarcó que ese tiempo no debe interpretarse como una dilación sino como la expresión más genuina de lo que significa una institución madura y la expresión que entienda que las decisiones trascendentes requieren diálogo, reflexión y ética de liberación colectiva. Argumentó que les daba una lección en la vida universitaria y en el quehacer legislativo, ya que ambos espacios comparten la convicción de que el consenso no se impone ni se decreta, se construye.
Mejoran la impartición de justicia administrativa en el estado
El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato con las que se mejora la impartición de justicia administrativa.
Se establece que, si se incumple con el requisito de validez del acto administrativo correspondiente a que tratándose de actos administrativos recurribles debe hacerse mención de los medios de defensa que procedan, la autoridad ante la cual deba interponerse y el plazo para ello, los interesados contarán con el doble del plazo que establecen las disposiciones legales o reglamentarias para interponer el recurso o el proceso administrativo.
Los procedimientos administrativos deberán resolverse en un plazo máximo de dos años; se indica que el recurso de reclamación podrá ser promovido por cualquiera de las partes, entre otros aspectos.
La morenista María Eugenia García Oliveros, autora del dictamen, señaló que las reformas mejorarán la impartición de justicia administrativa en la entidad. Argumentó que se ajustan los plazos máximos para resolver los procedimientos administrativos de las autoridades, y dijo que se abre la posibilidad de analizar el regular la duración máxima para resolver los procesos ante el Tribunal de Justicia Administrativa y de los juzgados administrativos municipales.
Instó a sus homólogos a sumar esfuerzos en favor de las y los guanajuatenses para analizar las reformas necesarias para fortalecer no solo la impartición de justicia administrativa en el estado, sino también escuchar las exigencias de los ciudadanos y ser su voz para mejorar sus condiciones de vida.
La panista Susana Bermúdez Cano habló a favor del dictamen y puntualizó que con esta reforma se da paso a la modernización de instituciones del derecho procesal administrativo que se ajustan a la realidad jurídica, constitucional y operativa de las autoridades jurisdiccionales administrativas del Estado.
Fue la última aprobación de la sesión del Pleno, que culminó con asuntos generales con los debates entre panistas y morenistas en torno al huachicol fiscal y el precio de la gasolina.
