Guanajuato, Guanajuato.- La diputada morenista Hades Aguilar Castillo presentó en la Diputación Permanente un punto de acuerdo para exhortar al presidente municipal de Salamanca, César Prieto -del mismo partido-, para que adopte de manera inmediata las acciones necesarias para reorientar el servicio de transporte público urbano, que en noviembre de 2025 pasó de 10 a 12 pesos y en el caso de la tarifa preferencial de 6 a 8 pesos.
Hades Aguilar, quien representa al distrito local XIV de Salamanca y aspira a ser candidata a la presidencia municipal de esa localidad, pidió que se inicien los estudios técnicos, financieros, legales y de impacto social para evaluar la transición, total o parcial, a un modelo público o mixto del transporte urbano. Dijo:
“Me preocupa que Salamanca paga una de las tarifas más altas del estado en proporción a la calidad del servicio que los concesionarios no han atendido. No podemos quedarnos de brazos cruzados cuando León paga una tarifa preferencial más baja y Guanajuato capital también”.
Pidió pide que se suspendan nuevos incrementos tarifarios hasta que existan mejoras verificables en calidad, seguridad, frecuencia, cobertura y accesibilidad, con indicadores públicos y evaluación ciudadana; y que se hagan públicos los costos reales de operación, subsidios, compromisos con concesionarios y proyecciones financieras.
Argumentó que el esquema actual sigue dependiendo de concesionarios privados, cuyos compromisos históricos de modernización, accesibilidad, trato digno y cumplimiento de rutas han sido reiteradamente cuestionados por la ciudadanía, sin que existan mecanismos efectivos de rendición de cuentas o sanciones por incumplimiento.
Reiteró hacer una transición hacia un modelo de operación pública o mixta del transporte público en Salamanca se justifica por razones técnicas, sociales, económicas y de transparencia como control tarifario real y sostenible que evite incrementos desproporcionados basados exclusivamente en la lógica de rentabilidad privada; transparencia absoluta en la operación y uso de recursos públicos, eliminando la opacidad característica de los esquemas concesionados; mejor planeación de rutas con enfoque social; profesionalización del servicio y mejores condiciones laborales para operadores; acceso universal efectivo mediante políticas de gratuidad o tarifas diferenciadas para grupos vulnerables y unidades con diseño universal; entre otros.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial para su estudio y dictamen.
