Irapuato, Guanajuato.- El Observatorio Ciudadano de Irapuato expresó una profunda preocupación ante el incremento y la complejidad del delito de extorsión, fenómeno que, aseguraron, no es exclusivo del municipio, sino que afecta a todo el país.
Durante su participación en un análisis reciente sobre seguridad, representantes del organismo señalaron que este delito continúa avanzando mientras la gran mayoría de los casos permanece en la impunidad.
“El problema de la extorsión no es propio de Irapuato, es nacional”, enfatizaron, recordando que apenas recientemente se aprobó una ley federal para enfrentar esta práctica criminal. La nueva legislación, explicaron, permitirá al menos tres avances significativos:
1. La unificación del tipo penal de extorsión en todo el país, evitando criterios divergentes entre estados que dificultaban la persecución del delito.
2. El incremento de las penas para quienes participen en cualquiera de sus modalidades, desde quien deja un mensaje amenazante hasta quien realiza llamadas intimidatorias.
3. La persecución de oficio, lo que obligará a las fiscalías estatales y federal a actuar sin necesidad de que la víctima presente denuncia inicial.
El Observatorio destacó que esta última medida es crucial, pues el 97% de las extorsiones no se denuncia, por lo que lo que hoy se conoce oficialmente corresponde únicamente a un 3% del total real. Aun así, hicieron énfasis en que la denuncia sigue siendo indispensable para que existan constancias y antecedentes que permitan a las autoridades investigar de manera más eficaz.
El organismo ciudadano también alertó que una parte significativa de la extorsión proviene de centros penitenciarios, donde aún es posible el uso de teléfonos celulares pese a las restricciones. “La tecnología ya permite evitar estas comunicaciones; lo que falta es voluntad política y equipamiento”, señalaron.
Pidieron que exista una estrategia nacional, ya que algunos estados han tomado medidas aisladas pero sin resultados consistentes. Para el Observatorio, impedir que personas privadas de su libertad sigan generando delitos desde los penales es una prioridad “inaplazable”.
Los representantes del Observatorio coincidieron en que la ciudadanía sigue sin contar con información clara sobre qué hacer al recibir una llamada de extorsión. Aunque muchas de estas comunicaciones no pasan del susto inicial, explicaron que el extorsionador busca obtener datos mediante manipulación, por lo que una orientación adecuada puede cortar el delito antes de que avance.
“No existe una campaña efectiva y permanente que explique cómo actuar ante una llamada de extorsión”, advirtieron, subrayando la necesidad de estrategias masivas de prevención.
Al abordar los recientes hechos relacionados con amenazas o intentos de extorsión hacia concesionarios del transporte público, el Observatorio reconoció que este sector ha preferido no denunciar en muchos casos debido al costo, tiempo y complicaciones que implica un proceso legal.
Señalaron que los hechos registrados en Irapuato no corresponden a robos a pasajeros, sino a incidentes dirigidos principalmente contra los conductores. Por ello insistieron en que, cuando ocurra cualquier intento de extorsión, la víctima debe acudir directamente a la Fiscalía del Estado, pues sin denuncia no hay avance real en las investigaciones.
El Observatorio también subrayó que la Policía Municipal debe tener un rol más activo en acompañar a las víctimas a denunciar y fortalecer la integración de las carpetas de investigación. Consideraron que esta corporación requiere mayor capacitación, equipamiento y claridad en sus atribuciones para que sea un verdadero puente entre la ciudadanía y la autoridad investigadora.
“Si queremos resultados tangibles, debemos construir instituciones sólidas, desde la Policía Municipal hasta las fiscalías”, señalaron.
El Observatorio concluyó que, pese a los avances legislativos, el combate a la extorsión seguirá estancado si la ciudadanía no denuncia, si los penales no se controlan tecnológicamente y si no se fortalecen las instituciones encargadas de investigar.
“El delito de extorsión es complejo y profundo, pero sólo podemos enfrentarlo si trabajamos juntos: ciudadanos, policías y fiscalías”, afirmaron.
