Bárbara Varela Rosales quien es activista pro-derechos de las mujeres, el pasado 4 de abril fue víctima de una violación, así como de secuestro. Al levantar la denuncia correspondiente en la Agencia del Ministerio Público pusieron en duda los hechos que les narró, pues se sorprendieron de la “entereza” con la que enfrentaba la situación.
“En el estado de Guanajuato pareciera que a las autoridades no les importa lo que nos sucede a las mujeres; en Guanajuato las mujeres somos golpeadas, violadas, asesinadas impunemente y al estado no le importa”, alertó Bárbara Varela en una rueda de prensa a la que convocó para exponer la revictimización de que ha sido objeto por parte de las autoridades a las que acudió a pedir auxilio y justicia.
Bárbara, quien es integrante de La Regla Rota, ha pedido en reiteradas ocasiones entrevistarse con el alcalde Ismael Pérez Ordaz para solicitarle que su gobierno haga su parte en la tarea preventiva de la violencia contra las mujeres y establezca los protocolos necesarios para atender a las víctimas, pero el edil no la ha recibido.
Acompañada por la directora del Centro Las Libres Verónica Cruz Sánchez, Varela leyó su testimonio sobre las agresiones que sufrió, primero por parte del delincuente que la secuestró y atacó, y posteriormente por las instancias a las que ha acudido: Policía Municipal, PGJE, e incluso la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos (PEDH).
El 4 de abril pasado, Bárbara acudió con sus dos hijas a cenar, cuando un hombre se subió a su vehículo, la amagó con una navaja y la secuestró en el vehículo, justo después de que las pequeñas acababan de descender de la unidad.
“El sujeto no sólo tomó el dinero que llevaba, sino que también me violó en dos ocasiones; cuando se disponía a comunicarse con mi familia para pedir dinero a cambio de mi vida, el sujeto se descuidó y pude escapar con mi coche. Debo recalcar que durante el tiempo que permanecí secuestrada mi vida estaba en riesgo, ya que estuve amenazada en todo momento con una navaja en mi cuello, con la sentencia de que me mataría o me picaría si no hacía lo que me exigía”, mencionó Bárbara.
Al ver lo que había ocurrido, sus dos hijas solicitaron apoyo de la policía, quienes enviaron a varios elementos en su búsqueda. Pero cuando Bárbara apareció –luego de escapar de su agresor– y dio las señas y ubicación donde había dejado a su agresor, los preventivos no hicieron nada por buscarlo; “sólo cuchicheaban sin decidirse a hacer nada”.
“A partir del momento que yo mencioné que el secuestro incluía ataque sexual, ellos se enfocaron a cuestionar a mi familia sobre si yo tenía un novio, un amante, de que si yo había montado todo eso para irme con alguien”, mencionó la víctima.
Al presentarse ante el Ministerio Público, encontró la misma actitud que con la policía. La encargada del Módulo de Atención Primaria de la PGJE, puso en duda los hechos narrados por Bárbara Varela, con el argumento de que en su amplia experiencia en delitos sexuales, era increíble que mantuviera la entereza.
“Las mujeres que pasan por lo que tú no tienen esa entereza, estarían llorando o idas. Yo te veo muy bien”, fue la respuesta de la funcionaria. “Vamos a ver si esto se va a perseguir como delito sexual porque te ves muy bien para que te haya obligado a hacer lo que dices”, recalcó.
También deslizó la duda sobre si la víctima en realidad había dejado a sus hijas en manos de desconocidos para irse con el sujeto y tener sexo con él.
En la Unidad de Atención Integral a la Mujer de la PGJE, se dio cuenta de la carga de trabajo existente. “Además, de nada sirve que se creen ese tipo de unidades si el resto de quienes integran la Procuraduría de Justicia no tienen perspectiva de género, sobre todo cuando el primer contacto que tenemos las víctimas se dedica a juzgarnos”, deploró.
Bárbara decidió entonces acudir ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, para interponer su queja y que el ombudsman estatal investigara el proceder de los servidores públicos que atendieron su denuncia, desde los preventivos hasta el personal del MP, pero su situación no mejoró, pues el agente investigador que la entrevistó le pidió que regresara al módulo de atención para obtener los datos del rango de la funcionaria que la había atendido.
“Yo no quedé satisfecha con mi queja, pues no se me permitió poner acciones específicas que me parecían importantes, por lo que he intentado hacer una ampliación a mi queja, lo cual no se me ha permitido, el investigador dice desconocer los protocolos y la responsabilidad de la policía en salvaguardar evidencias. Además, según él no debería quejarme, ya que el propósito está logrado: ‘Se acreditó el delito’. En conclusión, hacen todo por desanimarnos a poner la queja”, enfatizó.
Por: Redacción.
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