Guanajuato, Guanajuato.- La intento de sacrificio a “Pancho”, perrito en situación de calle señalado como “agresivo”, violentó procesos administrativos, señala el diagnóstico realizado por Daniela Pesqueira Alejandri, integrante Tlacuatzin Rescue Guanajuato, activista por los derechos de los animales.
“Pancho” fue capturado el 9 de diciembre de 2025 e internado en el Centro de Control Animal (CECAA), donde “se inició un proceso lleno de irregularidades”.
El animalito era un perro en situación de calle, alimentado por vecinos, sin historial comprobado de agresión. La persona que lo cuidaba acudió al CECAA con la intención de adoptarlo. La adopción fue negada bajo el argumento de que se trataba de un “perro agresivo”.
La activista señala que nunca existió dictamen técnico, evaluación conductual, peritaje profesional, reporte médico ni prueba objetiva que acreditara esa supuesta agresividad; la decisión se basó únicamente en dichos de terceros.
Explica:
“En términos legales, esto viola principios básicos del derecho administrativo: ninguna autoridad puede restringir derechos sin fundamento ni motivación. Si no hay prueba, no hay justificación”.
Ante la negativa, animalistas promoveron un juicio de amparo con acompañamiento legal. El juzgado ordenó como medida inmediata no sacrificar a Pancho, al reconocer que existía materia jurídica suficiente para proteger su vida e integridad.
La activista añade que tras múltiples intentos fallidos de diálogo con autoridades municipales, fue necesaria la intervención del Secretario de Gobierno del Estado, Jorge Jiménez Lona, gracias a quien se logró una mesa de trabajo con presidencia municipal, jurídico, representantes de la presidenta municipal Samantha Smith y autoridades del CECAA. Posteriormente, el seguimiento fue dado por el Secretario Técnico de Presidencia, Iván Rivelino.
Pesqueira Alejandri denunció que durante el proceso recibió mensajes de WhatsApp, atribuidos al Director de Desarrollo Social, Joaquín Mayorga, en los que se expresaba que “ya me iban a dar la estocada para dejar de estar chingando”. El CECAA depende directamente de la Dirección de Desarrollo Social, encabezada por Joaquín Mayorga.
Por lo anterior se considera amenazada en mi integridad física, su seguridad personal y su labor como activista y el hecho fue hecho del conocimiento de los funcionarios municipales con los que se llevaba el proceso del caso Pancho, dentro de las mesas de trabajo sostenidas con presidencia municipal.
En la mesa de trabajo, prosigue, se acordó la entrega de Pancho bajo una condición completamente arbitraria: que no regresara a la colonia donde fue capturado, aun cuando se garantizó tenencia responsable, vida en casa y seguimiento.
La activista recalca que esa condición no existe en ninguna ley, que n No hay norma que faculte a la autoridad a desterrar a un animal por colonia: “Se trata de una restricción sin fundamento jurídico, desproporcionada y sin sustento técnico, que vulnera el principio de legalidad”.
El 22 de enero, al acudir por “Pancho”, se les exigió además el pago de una multa. Inicialmente pretendían cobrar casi $5,000 pesos y finalmente les pidieron mil 868 pesos, lo que consideraron irregular porque no eran propietarios recuperando un animal, era un trámite de adopción y “Pancho” era un perro en situación de calle. Los reglamentos municipales establecen que en adopciones no procede multa.
La activista afirmó que “en términos legales, no existía sujeto sancionable. El cobro constituye un cobro indebido y un acto administrativo viciado”.
Hoy “Pancho” está a salvo con la persona que lo adoptó, pero persiste un sistema donde se niegan adopciones sin pruebas, se imponen condiciones ilegales, se intimida a activistas y se castiga económicamente a quien rescata, afirma Daniela, quien considera que no es un caso aislado y persisten las negativas para adopción.
Concluye:
“Este comunicado no es un ataque personal. Es una exigencia mínima de legalidad, transparencia y respeto a los derechos animales.
Finalmente, dejo asentado que cualquier situación de riesgo, daño, agresión o atentado que pudiera llegar a sufrir en relación con este caso, deberá entenderse dentro del contexto de estas expresiones previas, ya documentadas y comunicadas a autoridades municipales.”
