Guanajuato, Guanajuato.- La morenista Hades Berenice Aguilar Castillo planteó un punto de acuerdo para exhortar al fiscal general del Estado de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, instruya al fiscal especializado en Combate a la Corrupción para que, de forma pronta y expedita ejercite acción penal dentro de la carpeta de investigación número 55827/2019 y cualquier otra que tenga relación con las obras denominadas: Drenaje Sanitario, Red de Agua Potable y Segunda Etapa de la red de drenaje en la localidad de Santa Rita, en el municipio de Salamanca.
Al presentar las consideraciones de la propuesta, la legisladora comentó que durante la Administración Municipal de Salamanca 2015-2018, gestión del panista Antonio Arredondo, se realizaron diversas obras de infraestructura básica en la comunidad de Santa Rita por un monto de 20 millones de pesos. Sin embargo, terminaron convirtiéndose en un ilícito y en un problema tanto legal como de salubridad, pues presentan fallas en su funcionamiento vital.
La diputada comentó que parte de la situación se refleja en colapsos, escurrimientos y descargas que no fluyen adecuadamente; brotes de aguas residuales en calles y cercanías de viviendas. La red de agua potable, que debía complementar y fortalecer el sistema sanitario, tampoco logró consolidarse como una solución integral, dijo.
Aguilar Castillo señaló que visitó en febrero la citada comunidad donde tuvo la oportunidad de dialogar con las y los habitantes y le informaron que desde el año 2019 se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dependiente de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.
Asimismo, refirió que, de acuerdo con los testimonios de la ciudadanía afectada y el recorrido por las obras que realizó se advierte que, a la fecha, no existen avances significativos que les permitan acceder a la justicia que, por más de 6 años, se les ha privado.
Finalmente, afirmó que las familias de Santa Rita no reclaman obras nuevas ni proyectos extraordinarios; reclaman que lo que ya se construyó funcione correctamente, que los recursos públicos invertidos se traduzcan en resultados tangibles y sostenibles.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
