Guanajuato, Guanajuato.- El ex alcalde Alejandro Navarro Saldaña y el ex funcionario municipal Juan Carlos Delgado Zárate autorizaron de manera ilegal permisos para la construcción del fraccionamiento Cucursola, ubicado en la Sierra de Santa Rosa, afirman integrantes de Acción Colectiva Socioambiental y Movimiento Colibríes Guanajuato.
En rueda de prensa presentaron una relatoría cronológica de cómo las administraciones navarristas burlaron leyes estatales y federales. Luego de que a finales del mes de julio la Fiscalía General de la República (FGR) clausurara el fraccionamiento y el exalcalde señalara que se le acusa sin fundamento de haber otorgado los permisos y que iba a demandar a los grupos ecologistas que promovieron la acción penal, Lozano respondió que, si la instancia aún no notifica a Navarro para que responda a señalamientos, es porque la institución tiene sus tiempos y procedimientos, afirmó Gustavo Lozano, activista ambiental.
El activista explicó que, en efecto, en 2012 la presidencia municipal otorgó permisos para la construcción de un supuesto hotel en la zona forestal donde actualmente se ubica la Cucursola, pero que la obra no se realizó en ese tiempo.
Comenzó a desarrollarse en 2017 y un año después, ya con Navarro en el poder, se le empezaron a otorgar permisos. El tema se hizo escándalo mediático cuando un grupo de habitantes de la zona se opuso a que se dotara agua de la presa de Peralillo a los terrenos del fraccionamiento. El permiso había sido otorgado por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG), una acción ilegal, pues el organismo sólo puede operar en la zona urbana, la zona forestal es de jurisdicción federal.
Si bien los primeros permisos eran para un supuesto hotel, finalmente resultó ser un fraccionamiento “campestre”.
El fraccionador de la Cucursola, el entonces diputado federal Sergio Fernando Ascencio Barba, continuó con el proyecto, pues la presidencia municipal, a través de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, a cargo de Juan Carlos Delgado Zárate, le seguía otorgando permisos.
Fue entonces que las organizaciones ambientalistas presentaron una denuncia ante instancias ecologistas estatales. El argumento principal es que para poder fraccionar esa zona, se requería un permiso federal y sólo si se les otorgaba podían obtener los permisos estatales y municipales.
Los permisos que el fraccionador presentó, eran ilegales, sostuvo Lozano, razón por la cual en 2022 se le multó con 135 mil pesos, una cantidad mínima en comparación de un asentamiento en el que cada terreno costaba millones de pesos.
Sin embargo, a pesar de la multa y de que se determinó la ilegalidad de los permisos, Ascencio Barba continuó con su negocio, razón por la que el 9 de febrero de 20213 presentaron una denuncia ante la FGR, misma que culminó con la clausura del fraccionamiento el pasado 30 de julio.
El fraccionamiento “La Cucursola” está ubicado en zona forestal de la Sierra de Santa Rosa. La intervención se realizó como parte de una investigación penal por delitos ambientales, derivada de una denuncia presentada desde febrero de 2023 por la organización Acción Colectiva Socioambiental, A.C.
Desde primeras horas de la mañana, agentes de la Fiscalía General de la República, con apoyo de fuerzas estatales y federales, desplegaron un operativo en el área donde se desarrolló el fraccionamiento, señalada por su alto valor ecológico y por albergar especies protegidas.
La construcción, impulsada por la empresa Loma de Irapuato S.A. de C.V., fue cuestionada por carecer de la autorización de impacto ambiental y del estudio técnico justificativo para el cambio de uso de suelo forestal, requisitos obligatorios según la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable.
La denuncia penal señala directamente al exdiputado federal del PAN Sergio Fernando Ascencio Barba, administrador de la empresa desarrolladora, así como a ex alcalde municipal de Guanajuato, Mario Alejandro Navarro Saldaña, quien también es esposo de la actual alcaldesa del PAN, Samantha Smith Gutiérrez. Así mismo estaría involucrado Juan Carlos Delgado Zárate, exdirector de Medio Ambiente municipal. Todos ellos están acusados por presuntamente haber facilitado el desarrollo del fraccionamiento mediante autorizaciones municipales emitidas de manera irregular.
De acuerdo con el artículo 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el aseguramiento del inmueble fue procedente al encontrarse presuntamente vinculado a la comisión de un delito.
La Cucursola consta de 49 lotes de al menos mil metros cuadrados y el dato conocido es que ya habían vendido 40 de ellos.
Lozano, así como otros integrantes de otros organismos recalcaron que en el expediente de la investigación están los documentos ilegales que Navarro y Delgado Zárate firmaron para autorizar el proyecto y tienen responsabilidad al respecto. La FGR tiene sus tiempos y es la que decidirá cómo resolver el tema.
