Cuerámaro, Guanajuato. Por peculado o malversación de fondos y otros delitos dentro del programa “En Marcha” para comerciantes de Cuerámaro podrían ser señalados responsables del programa e incluso la alcaldesa panista Ana Bueno y la contralora.
Según consta el acta de ayuntamiento número 50 en la que 8 de diez integrantes del ayuntamiento estuvieron en desacuerdo, es decir, solamente la alcaldesa Ana Bueno Macías y la regidora Ana Laura Mendoza Rodríguez querían que se aprobará, fueron dadas a conocer presuntas irregularidades, aunado a que existe una investigación iniciada por la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato.
Entre las supuestas cosas negativas que los regidores encontraron, fue que se dieron beneficios a familiares de directores, hubo una presunta malversación o mal uso de los recursos que los mismos beneficiados dieron y se cometieron irregularidades en las reglas de operación.
Dentro del programa “En Marcha 2019” se beneficiarían a 56 personas y “En Marcha 2020” a 75, es decir, 151 familias de comerciantes deberían haberse apoyado de diferentes maneras como imagen comercial, equipo, programa de emprendimiento para mujeres o bien capacitación.
Sin embargo, aparentemente puede haber un presunto desvió de recursos al ofertar capacitaciones a “fantasmas”, entrega de equipo a familiares de funcionarios y el movimiento del dinero que aportaron beneficiados, porque algunos que estaban anotados jamás recibieron apoyo.
En las entregas del Programa en Marcha a febrero del año 2021, habían sido 134 beneficiarios y 4 millones 662 mil pesos invertidos, según las palabras de Francisco Pantoja, director del área de Desarrollo Económico, aunque presuntamente el programa contemplaba 151 beneficiarios.
Hay que señalar que la alcaldesa Ana Bueno Macías, intentó ingresar el mismo oficio de petición de recursos del año 2019 al año 2020 de dicho programa, situación que se desconoce, cómo fue que se aprobó el proceso.
A la fecha tanto la presidenta municipal Ana Bueno, el director de desarrollo económico, Francisco Javier Pantoja Granados, la contralora municipal Gabriela Hernández Cisneros y quien resulte responsable, podrían estar inmiscuidos en diversos delitos, aunque será la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato ASEG quien emita el avance de las auditorías realizadas hasta el momento.
Al igual no sólo sería el programa “En Marcha” el que estaría siendo auditado, sino cada uno de los programas que existen dentro de la dirección de desarrollo económico municipal, así como otras áreas.
La regidora Gabriela Botello Gamiño comentó respecto “hubo personas descontentas, y se debe tener cuidado con el recurso ya que se puede caer en el delito de peculado, la contraloría no ha hecho nada y no se han tomado cartas en el asunto. El año pasado donde se presume hubo malos manejos al ejecutar las reglas de operación, esa situación se pasó a contraloría municipal y él le da su voto de confianza y si se presume que, sí hay delito, él sugiere que se pase al asunto a otra institución donde les puedan ayudar si es que se cometió el delito de peculado”.
Regidor Alejandro Rosales González “hace un tiempo hubo una pregunta al respecto de la participación de funcionarios o familiares de funcionarios de este tipo de apoyos, como yo para mi negocio, sin embargo, no se puede, porque pertenecemos al ayuntamiento eso estipulan las reglas de operación, por lo que inste a Francisco (Director de Desarrollo Económico) a no meter como cree que lo debe estar haciendo, a ningún familiar de la administración”.
Con la reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato el congreso aprobó desde el año 2018, los delitos de cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, usurpación de funciones, uso ilícito de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público, y afectación del servicio público, quedaron agrupados como “delitos por hechos de corrupción” que se podrán castigar con sanciones punitivas de hasta 12 años para los funcionarios que las comentan.
Código Penal del Estado de Guanajuato.
Peculado
Artículo 248. Al servidor público que disponga de un bien que hubiere recibido en razón de su cargo, se le impondrá de dos a diez años de prisión y de veinte a cien días multa; así como destitución del empleo o cargo e inhabilitación por el mismo término de la pena privativa de libertad impuesta.
Enriquecimiento Ilícito
Artículo 250. Al servidor público que durante el tiempo de su cargo y por motivos del mismo, aumente ilícitamente su patrimonio o se conduzca como dueño de bienes no incluidos formalmente en aquél, se le aplicará de tres a doce años de prisión y de treinta a ciento veinte días multa, destitución del empleo o cargo e inhabilitación hasta por dieciocho años.
Párrafo reformado P.O. 03-06-2011 Para efectos del párrafo anterior, se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, a los que reciban o de los que dispongan su cónyuge, concubina, concubinario, y ascendientes y descendientes en primer grado.
Párrafo adicionado P.O. 14-07-2017 Las mismas sanciones se aplicarán a quien haga figurar como suyos bienes que el servidor público adquiera o haya adquirido ilícitamente, a sabiendas de esa circunstancia.
