Hermosillo, Sonora
La Procuraduría General de Justicia de Sonora perdonó a 14 hombres y mujeres que compraron bebés a funcionarios del DIF estatal y los registraron como si ellos fueran los padres biológicos.
En rueda de prensa, el Procurador, Carlos Navarro Sugich, informó que ya no perseguirán penalmente a los 14 “compradores”, para enfocarse en castigar con todo el peso de la ley al ex funcionario de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, Vladimir Alfredo Arzate, y su cómplice, el abogado José Manuel Hernández.
“La Procuraduría General de Justicia del Estado va a desistirse de la acción penal en contra de los hombres y mujeres que han dado a estos niños el amor y el cariño que todos los pequeños necesitan”, informó Navarro Sugich.
“Estos padres y madres de familia también han accedido y se han comprometido, por supuesto, a colaborar en todo con la autoridad judicial y con esta autoridad persecutora para el día de mañana que se capture a estas personas que estamos acusando de vender a estos menores, podamos tener el mayor número de pruebas para obtener en contra de estas personas la sentencia más severa posible”.
La PGJE Sonora ejecutó orden de aprehensión contra ocho de esos compradores, quienes obtuvieron su libertad bajo fianza.
Navarro Sugich informó que de los nueve bebés que están involucrados en la investigación de compra-venta que destapó la semana pasada, tres permanecen en una casa hogar del DIF, pero serán entregados a sus compradores.
“El día de hoy puedo informar que después de haber analizado a conciencia esta situación, estamos de acuerdo en que el mejor lugar para que esos niños se desarrollen y la mejor manera de preservar el interés superior del niño es que esos pequeñitos y pequeñitas regresen a sus casas, a las casas que ellos conocen, y que los niños y niñas que aún no han sido asegurados permanezcan en ellas”.
El Procurador de Justicia reconoció que no existe una base jurídica sólida para eximir de un delito a estos 14 padres, pero lo justificó en el bienestar de los menores.
“Más que la pulcritud jurídica del acto, que por supuesto en su momento disputamos, lo que ponemos en frente, el valor más importante que debe ser tutelado, es el desarrollo del menor, ese está a salvo si se lo regresamos a la familia que conocen”.
