Guanajuato, Guanajuato.- En lo que exhibe la división entera en la bancada morenista, a través de María Eugenia García Oliveros presentó una iniciativa de reforma al Código Penal estatal en materia de Interrupción Legal del Embarazo; por separado , sus formalmente compañeras de partido, Plásida Calzada Velázquez, Miriam Reyes Carmona, Hades Berenice Aguilar Castillo y Martha Edith Moreno Valencia formularon una iniciativa de reforma a la Constitución Política local, a la Ley de Salud, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley de Víctimas también en materia de interrupción legal del embarazo. La diferencia es que la primera lo plantea en términos de despenalización absoluta; esto es, aun fuera del término de las 12 semanas de gestación.
García Olveros habló del proceso de discusión que se llevó a cabo el año pasado en la materia y resaltó que varias diputadas y diputados decidieron votar en contra de los derechos humanos y mantener un esquema normativo que criminaliza y vulnera de forma grave los derechos de las guanajuatenses.
Aludió también de la notificación que se recibió sobre el trámite de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad con expediente 16/2025, y a partir de la cual, el Congreso del Guanajuato cuenta con 90 días para realizar las modificaciones necesarias, a fin de eliminar o modificar los artículos declarados inconstitucionales del Código Penal estatal.
De ahí que propuso modificar la definición del tipo penal de aborto, para establecer que es la interrupción del embarazo después de la décimo segunda semana de gestación; precisar que a la mujer que voluntariamente provoque o consienta su aborto después de la décimo segunda semana de gestación, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión, de cinco a treinta días multa o de treinta y cinco a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad, sólo se sancionará cuando se haya consumado.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
Hades Berenice Aguilar Castillo habló por el otro bloque y resaltó que la penalización del aborto no evita que las mujeres aborten, únicamente tiene como consecuencia que se eleven los costos económicos y sociales para que las mujeres puedan acceder al mismo, lo que tiene como consecuencia que aquellas mujeres que no pueden sortear dichos gastos se vean orilladas a la interrupción clandestina que, en varios casos, no es segura.
Agregó que existe la violación a los derechos humanos, cuando el Estado hace inaccesibles los servicios de aborto para las mujeres que lo necesitan, y se vuelve responsable de las tasas de clandestinidad y, por consiguiente, de morbilidad y mortalidad de las mujeres que son forzadas a abortar en esas condiciones.
También habló sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre el amparo interpuesto por GIRE, en la que se precisa los artículos que son inconstitucionales en su totalidad, toda vez que parten de que el aborto es un delito en cualquier etapa del embarazo y pese a que se haya realizado con consentimiento de la mujer.
Planteó reformar la Constitución Política local con la finalidad de intercambiar el inconstitucional reconocimiento de la vida desde la concepción por el derecho a decidir de forma libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de los hijos, así como la responsabilidad del Estado para garantizar los medios de acceso a ese derecho: educación sexual y servicios de salud reproductiva e interrupción del embarazo.
Dijo que el Código Penal debe eliminar la criminalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, con lo cual se atiende la evidente inconstitucionalidad del tipo penal vigente.
La parte correspondiente a la Constitución Política local y a la Ley de Víctimas se turnaron a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales; lo correspondiente al Código Penal se remitió a la Comisión de Justicia; lo referente a la Ley de Salud se mandó a la Comisión de Salud Pública y lo tocante a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado a la Comisión para la Igualdad de Género.
