Guanajuato, Gto.- El proyecto carretero que conectará Guanajuato capital con San Miguel de Allende deberá modificarse para preservar vestigios arqueológicos ubicados en comunidades otomíes asentadas en esta entidad, resolvió el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Esto significa que al tramo 8 de esta vía de 75 kilómetros y cuyas obras el gobierno de Guanajuato planea empezar el próximo año, se le tendrá que asignar una nueva ruta que evite dañar restos de pirámides en la comunidad Cruz del Palmar, en el municipio de San Miguel de Allende.
En un oficio enviado por la Coordinación Nacional de Arqueología de este instituto, a los representantes de 27 pueblos Ñañuh se notificó esta resolución que se basa en las inspecciones realizadas en agosto pasado por personal de esta coordinación, a partir de expresiones de inconformidad por parte de habitantes de Cruz del Palmar, Oaxaca, Los Torres y San Isidro Labrador, entre otras comunidades.
“El Consejo de Arqueología considera que el trazo de la autopista Guanajuato-San Miguel de Allende deberá ser modificado por las direcciones General de Infraestructura Vial y de Ingeniería, y la Secretaría de Obra Pública del gobierno del estado de Guanajuato, con el fin de evitar la afectación de monumentos arqueológicos que forman parte del patrimonio cultural de la nación”, señala el documento.
El secretario de Obras Públicas de Guanajuato, Arturo Durán Miranda, indicó que informará una postura sobre la autopista “hasta que el INAH emita el nuevo dictamen sobre el trazo”.
El departamento de Comunicación Social afirmó que Obras Públicas no tiene conocimiento del oficio 401.B que el INAH envió al presidente del Consejo Indígena del Estado de Guanajuato.
Durán Miranda aseguró hace un mes, que la gente del INAH será la que dictamine por segunda ocasión el diseño de la carretera, porque ya había hecho un análisis del trazo sin que se advirtiera que se afectarían los centros ceremoniales por los que luchan los otomíes.
Las comunidades que se oponen a este tramo, 25 de 75 kilómetros que proyecta construir el gobierno estatal, han presentado a la fecha dos recursos legales en contra de esta licitación. El primero ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en Celaya, y el más reciente mediante un amparo contra la convocatoria de licitación publicada de la Secretaría de Obra Pública y que fue concedido el 6 de septiembre por el Juzgado Segundo de Distrito de Guanajuato.
“El trazo definitivo se tendrá que hacer con base en una propuesta integral de prospección, el cual deberá cumplir con las Disposiciones Reglamentarias para la Investigación Arqueológica en México”, recalcó el INAH.
Representantes de las comunidades de Cruz del Palmar y Oaxaca, aledañas a los restos de la pirámide de la Soledad, acusan además al gobierno del estado de omitir la aplicación del artículo 35 de la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Guanajuato, donde se estipula la realización de consultas a las comunidades que se vieran potencialmente afectadas por cualquier tipo de proyecto gubernamental.
Con fecha 20 de septiembre de este año, el oficio requiere también a estas dependencias la elaboración de un nuevo dictamen en un plazo no mayor de dos meses, el cual deberá ser sancionado por este Consejo de Arqueología.