Un análisis del Banco Mundial señala que los funcionarios con un mejor sueldo no precisamente están asociados con menor corrupción, como aseguran los detractores de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que contempla que ningún funcionario puede ganar más que el presidente.
Dichos detractores afirmaron que un buen salario en el servicio público evita la corrupción; sin embargo, el análisis refiere que no siempre es así.
Sin Embargo citó a Pamela Jakiela, analista del Banco Mundial, sobre la hipótesis de si los funcionarios públicos mejor pagados son menos corruptos:
La evidencia existente entre países tiende a apuntar hacia una relación débil, pero negativa entre la corrupción y la prima salarial del sector público”, afirmó.
Tomando como referencia los indicadores de la burocracia y el Índice de Control de la Corrupción del Banco Mundial, el análisis sugiere que no existe una relación entre el grado de corrupción (indicado por las puntuaciones más bajas de control de la corrupción) y la prima salarial del sector.
Por un lado, esta es una correlación y no una estimación del impacto causal. Por otro lado, la ausencia de una asociación en un rango tan amplio de primas salariales sugiere que, si existe una relación causal, debe haber algunos otros factores importantes que se mueven con la prima salarial para compensar su impacto”, destacó el informe titulado “Tres lecciones de la nueva base de datos de indicadores de burocracia mundial del Banco Mundial”.
El análisis concluye que una mayor prima salarial del sector público no se asocia con una menor corrupción. Es el caso de México, donde los salarios de los funcionarios se ubican entre los mejores pagados y su nivel de corrupción es de los más altos del mundo.
La austeridad republicana del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha desatado un alud de amparos por parte de los servidores públicos, quienes afirman que la medida es inconstitucional. Más de dos mil empleados del Poder Judicial de la Federación han solicitado amparos por las reducciones salariales y otros tres mil 500 funcionarios de 297 dependencias y organismos planean hacer lo mismo una vez que se conozca el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.
La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para entrar en vigor cuando se apruebe el Presupuesto 2019, establece que “ningún servidor público debe recibir una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.
Lo que significa que nadie podrá ganar más de 108 mil pesos mensuales, que será el sueldo del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó suspender la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
El ministro, Alberto Pérez Dayán, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que tramitaron distintas fracciones parlamentarias en el Senado y dijo que la medida de suspensión no impide a los diputados incrementar o reducir los salarios como lo consideren.
Este lunes, el Senado anunció que impugnará ante la SCJN la resolución que suspendió la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos por contravenir la propia legislación.
