Guanajuato, Guanajuato.- Mientras que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) refuerza la política nacional de garantía de derechos humanos para pueblos originarios y afromexicanos, el Partido Acción Nacional retiene lo más que puede esos cambios.
Luego de una jornada en el que el tema fue el predominante, la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables aprobó la difusión del proyecto de dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Guanajuato para modificar su nombre y fortalecer el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
Acordaron también el cambio y asignación de fechas para las reuniones con autoridades para el análisis de la propuesta que busca modificar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato, a fin de proveer la ampliación de la defensa y protección de los derechos humanos de manera dinámica, por cuanto se aplica con ella el principio de progresividad.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Plácida Calzada Velázquez, Ana María Esquivel Arrona y Miriam Reyes Carmona; y los diputados Jesús Hernández Hernández y José Salvador Tovar Vargas. Fue, empero, el cierre de una jornada de debate sobre el tema.
Horas antes, la misma Comisión realizó dos mesas de trabajo para analizar la reforma a las iniciativas citadas, así como a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato.
Primero analizaron reforma que busca fortalecer el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. En ese rubro, representantes de esos grupos pidieron se adopte la definición de pueblos y comunidades afromexicanas contemplada en la Ley Federal de Protección de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que se tenga una homologación de términos usados en la norma, prever un apartado que abarque la protección de la actividad creativa de la población indígena o afromexicana y que no se incluyan componentes que a futuro puedan ocasionar una demanda por temas de inconstitucionalidad.
La panista Ana María Esquivel Arrona expresó que se deben considerar las sugerencias para que no se tengan complicaciones a futuro y no se pierda el objetivo final de la propuesta.
El morenista David Martínez Mendizábal, uno de los pocos conocedores del tema en el congreso, precisó que se busca reconozca a los pueblos indígenas y afromexicanos con personalidad propia. La también morenista Plásida Calzada Velázquez, diputada perteneciente a un pueblo originario, respaldó a su compañero de bancada.
La segunda mesa de trabajo correspondió a la discusión de dos iniciativas relativas al establecimiento de una pensión no contributiva para personas con discapacidad. Los asistentes observaron que la redacción conlleva a restricciones por establecer una regla que implica la exclusión de las personas de 65 años, lo que calificaron como limitante a la iniciativa.
Pidieron se valore si es necesario hacer las adecuaciones planteadas en la iniciativa, toda vez que se tiene la suscripción de un convenio con la Secretaría del Bienestar por parte de las entidades federativas y se pacta una aportación de acuerdo al número de personas que de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) se tienen ubicadas como personas con discapacidad.
Asimismo, que de acuerdo a tratados internacionales se debe incluir en la protección a las personas con discapacidad a todas aquellas que necesitan un apoyo más intenso dentro de las condiciones de priorización; y que hasta ahora el certificado electrónico de las personas con discapacidad es el único instrumento apropiado para acreditar la condición de discapacidad y que permite focalizar a las personas con necesidades más intensas de apoyo y así se cumpla con una igualdad sustantiva y progresividad real.
Martínez Mendizábal mencionó que la interpretación al término de progresividad es una concepción restrictiva que hace alusión a una de las tres características fundamentales de la universalidad de los derechos, además de que no es verdad que no se tenga la capacidad económica y la posibilidad de otorgar en el presupuesto el apoyo universal a las personas con discapacidad, tomando en cuenta que el subejercicio del 2023 fueron más de 14 mil millones de pesos.
El panista Jesús Hernández Hernández, diputado que representa a los grupos con discapacidad, señaló que no debe haber duplicidad, en referencia a la postura de que ya tienen el apoyo de la Secretaría del Bienestar.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Plásida Calzada Velázquez y Ana María Esquivel Arrona; y los diputados Jesús Hernández Hernández y David Martínez Mendizábal, en compañía de representantes de la Consejería Jurídica del Estado de Guanajuato; de la Secretaría de Derechos Humanos; de la Procuraduría de Derechos Humanos; así como asesores de los diferentes grupos parlamentarios y personal de las distintas áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.
La resistencia en la Comisión de Justicia
En la sesión de la Comisión de Justicia, la primera de la mañana, se analizaron tres iniciativas de reforma al Código Civil relativas al orden en que se deben asignar los apellidos de hijas e hijos. La diputada Karol Jared González Márquez comentó que derivado de la mesa de trabajo consideraba necesario se llevara a cabo una mesa de asesores para hacer los ajustes pertinentes. Por tanto, el tema sigue en suspenso.
También analizaron una propuesta de modificación al Código Civil con el objeto de incluir como personas morales a los pueblos y comunidades indígenas formalmente reconocidas a nivel estatal o federal.
La panista Susana Bermúdez Cano solicitó que se elaborara un dictamen en sentido negativo. Resaltó que no estaban en contra de la progresividad de los derechos humanos, sino que el mecanismo y la iniciativa técnicamente no se encuentra con los parámetros necesarios para ser viables. El derecho a la libre determinación implica la autonomía para decidir las formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, así como sus asuntos internos y locales, además implica la posibilidad de aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos, destacó.
Y si bien admitió que esa autonomía les permite tomar decisiones al interior y deben ser respetados por el Estado Mexicano para garantizar las expresiones de su propia identidad, aseveró que no era cierto que los pueblos y comunidades indígenas por ser sujetos de derecho público requieran ser reconocidas como personas morales para poder ejercer sus derechos, ya que, desde antes de la reforma constitucional federal de 2024, las autoridades jurisdiccionales les han reconocido como sujetos de derecho público y personalidad jurídica propia, particularmente en los juicios de amparo y ante los tribunales agrarios cuando acuden a defender sus derechos a la propiedad comunal de tierras y recursos naturales.
La propuesta de reformar el Código Civil busca resolver por esta vía los conflictos de naturaleza cotidiana de los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas, señaló, pero contrastó que el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio es para garantizar que puedan decidir sobre los asuntos que afectan sus vidas sin la intervención paternalista del Estado, mediante la aplicación de sus sistemas normativos para la solución de conflictos.
Concluyó que la iniciativa en análisis contraviene mandatos constitucionales y de instrumentos internacionales como son el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas pues, al renunciar a sus sistemas normativos y jurisdicción indígena en la solución de conflictos internos se vulnera el derecho de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas.
La morenista María Eugenia García Oliveros no tuvo elementos para debatir a la blanquiazul, sólo solicitó la elaboración del dictamen en sentido positivo. Su propuesta no fue aprobada, por lo que se instruyó la elaboración de este en sentido negativo.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas María Eugenia García Oliveros (presidenta), Susana Bermúdez Cano, Karol Jared González Márquez y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia; así como el panista Rolando Fortino Alcántar Rojas.
