Guanajuato, Guanajuato.- Convocadas por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se llevaron a cabo dos mesas de trabajo para analizar el mismo número de iniciativas de reforma a la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato. Fueron analizadas propuestas de derecho a la igualdad hacia la mujer, combate a la discriminación y la erradicación de la brecha salarial; y ampliar el apoyo para niñas, niños y adolescentes hijos de víctimas de desaparición
En primera instancia se dialogó sobre la propuesta que busca fomentar la igualdad sustantiva de las mujeres. Los tres ejes principales son el derecho a la igualdad hacia la mujer, el combate a la discriminación y la erradicación de la brecha salarial.
Se comentó que la iniciativa se considera viable, toda vez que se trata de una homologación con las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género.
También señalaron que era oportuno incluir en el glosario lo relativo a la incorporación de Medidas y Órdenes de Protección; que se consideren las viabilidades presupuestarias
El segundo análisis correspondió a la propuesta que tiene la finalidad de reforzar las medidas de reparación integral del daño, la restitución de derechos y la atención de niñas, niños y adolescentes hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio, homicidio y desaparición.
Los participantes manifestaron que la iniciativa analizada se considera viable al estar alineada con la Constitución Federal, la local y el Plan de Desarrollo GTO 2050; precisaron que los alcances de protección propuestos ya se encuentran plenamente integrados y reconocidos en el marco legal estatal vigente, por lo que no existe una omisión legislativa, al referir que tanto la Ley General como la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato ya obligan a las autoridades a adoptar medidas de protección especial y a garantizar el ejercicio igualitario de sus derechos, especialmente en situaciones de vulnerabilidad.
Asimismo, se subrayó que para el ejercicio fiscal 2025 se aprobaron más de 33,743 MDP bajo un enfoque transversal para atender las necesidades de salud, educación y alimentación de la niñez guanajuatense; se propuso transitar de un esquema casuístico a uno de protección extenso, donde la atención se base en la condición de vulnerabilidad del menor y no únicamente en el tipo de delito que generó el desamparo; que los apoyos contemplados son de carácter enunciativo, reconociendo que las víctimas indirectas poseen derechos inherentes que no deben limitarse a una lista cerrada; y hacer adecuaciones para que las medidas se clasifiquen correctamente como derechos de asistencia y atención, y no solo como ayuda inmediata.
En la reunión estuvieron presentes los diputados Juan Carlos Romero Hicks y Sergio Alejandro Contreras Guerrero, así como la congresista María Eugenia García Oliveros. Además, los acompañaron representantes de la Consejería Jurídica; Secretaría de las Mujeres; Secretaría de Gobierno; Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas; Secretaría de Seguridad y Paz; Comisión Estatal de Búsqueda de Personas; Secretaría del Nuevo Comienzo; Fiscalía General del Estado de Guanajuato; asesores de los diferentes grupos parlamentarios; y personal de diferentes áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.
