Guanajuato, Guanajuato.- La autopista Guanajuato-Silao está en proceso de rehabilitación mayor desde junio de 2025. Se anunció que la inversión será de 581 millones de pesos por parte del consorcio VISE y Construcciones Rubau, quienes tienen la concesión de la vialidad por 30 años.
La obra incluye la renovación total de pavimento, ampliación de la plaza de cobro a 8 carriles, y mejoras en puentes. Se espera que el cambio de carpeta asfáltica concluya en marzo de 2026 para garantizar mayor seguridad, pero mientras eso pasa, el tránsito vehicular es lento y e inseguro. En los últimos meses se han registrado al menos tres accidentes de relativa gravedad, aunque sin víctimas fatales.
La obra de rehabilitación contempla también estabilización de taludes, reparación de 8 puentes y actualización de señalamientos. Mientras eso pasa, salir y entrar por las casetas de cobro de la autopista se ha vuelto un calvario. Durante el Festival Internacional Cervantino hubo filas de hasta 4 kilómetros con tiempos mayores a la media hora para pasar a hacer el pago hacia la entrada a la ciudad.
Como la mayor parte de la vialidad se redujo a un solo carril, en las zonas de subida el tránsito se hacía más lento. La otra parte de las secuelas de la obra fueron los accidentes. Entre los más recientes destacan el registrado el 9 de enero, donde un autobús de la línea Flecha Amarilla se vio involucrado afuera de Silao.
El 6 de enero una mujer volcó su auto durante la madrugada debido a que la delimitación de la carretera era confusa y le cegó el reflector usado para iluminar el tramo donde ocurrió el percance. Su auto quedó con las llantas hacia arriba.
En octubre pasado, un auto embistió a un bovino. Las dos personas que iban en el automotor resultaron sólo con golpes. El animal murió.
El 25 de septiembre de 2025, hubo otro accidente, donde estuvo involucrado un vehículo y resultaron 4 personas con lesiones menores.
Lo anterior llevó a diputados de partidos de oposición a exigir la reducción del pago de cuota exigida por circular en la autopista y organizaciones ciudadanas demandaron cancelar la concesión y anular el cobro.
El gobierno del estado mantuvo silencio, el gobierno municipal se declaró incompetente en el tema y la empresa siguió su proceso, con carriles acortados, el tráfico lento y el peligro latente.
