
Guanajuato, Guanajuato.- La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato con la que se busca establecer el acoso sexual como una falta administrativa grave de las personas servidoras públicas.
La morenista María Eugenia García Oliveros afirmó que la iniciativa analizada contribuye a fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción, a garantizar la integridad en el servicio público y garantizar la ética. Añadió que era imprescindible que legislen en favor, protección, salvaguarda y dignidad de las mujeres guanajuatenses. La violencia que viven las mujeres se hace presente en cualquier entorno laboral y se tiene que combatir en todos los espacios, incluyendo las oficinas de gobierno, concluyó.
El dictamen fue aprobado en lo general. En lo particular, la panista Susana Bermúdez Cano y el diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero anunciaron reservas que se revisarán en la siguiente sesión.
Además, se aprobó el dictamen de la terna que presentó la gobernadora del estado para la designación de la persona que ocupará la presidencia de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, la cual está integrada por Lucía Berenice Acosta Gómez, Efraín Alcalá Chávez y Francisco Javier Juárez León.
García Oliveros señaló que se unía al sentido positivo del dictamen, que, si bien les hubiera gustado una mayor participación de los colectivos, se logró incluirlos en la difusión curricular, así como en las entrevistas, donde se dio cuenta de la formación que tienen en la materia.
Se tiene que seguir garantizando el acceso a los servicios multidisciplinarios que el Estado brinda a las víctimas de los delitos. Además, refirió que son varios retos los que tendrán que trabajar, entre los más importantes y en los que coincidieron están las reparaciones colectivas, las iniciativas de memoria de carácter cultural, la atención prioritaria a niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas, la adecuación del Fondo de Emergencia Especializada, entre otras, aseveró, además de afirmar que es necesario brindar más apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la ayuda y asistencia a víctimas, dando prioridad a aquellas que se encuentran en zonas de mayor dificultad de acceso para recibir ayuda.
Bermúdez Cano recordó que cada una de las propuestas nace de las recomendaciones de diversos colectivos e instituciones. Asimismo, indicó que del proceso se observaron varios retos como el digital, el uso de inteligencia artificial para mejorar los procesos y ayudar, eliminar las gestorías de las que se quejan muchas personas, capacitar al cuerpo de asesores, por mencionar algunos.
En el mismo sentido se pronunció el ecologista Sergio Alejandro Contreras Guerrero, quien recalcó que las tres propuestas son muy buenos perfiles y que, independientemente de la decisión que se tome en Pleno, la persona que se elija tendrá un gran reto, pero será una excelente decisión sin importar la persona ganadora. Remarcó que ahora sigue la etapa de consolidación de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas porque ya cuenta con los elementos humanos y financieros.
La panista María Isabel Ortiz Mantilla comentó que fue un proceso abierto, transparente y que la terna está integrada por perfiles valiosos, así como que ahora toca fortalecer la Comisión y atender las áreas de oportunidad.
Finalmente, el panista Juan Carlos Romero Hicks señaló que el proceso cumple el máximo de transparencia, desde lo realizado por el Ejecutivo, la selección de la terna, la difusión de este y la coincidencia en la preocupación de los temas de las personas.