Guanajuato, Guanajuato.- Sergio Ascencio Barba, exdiputado federal panista, junto con otros dueños del complejo inmobiliario La Cucursola, ubicado en la Sierra de Santa Rosa, fueron vinculados a proceso por un juez federal. Se les acusa de provocar daños al medio ambiente.
La audiencia se realizó en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación. El juez Efraín Frausto Pérez afirmó en ella que existieron afectaciones al ecosistema, ya que la zona está considerada como Área de Protección Forestal. En el predio donde se desarrolló el complejo inmobiliario hay presencia de un 10 por ciento de pingüica y un 70 por ciento de encino, lo que implica una afectación permanente a la biodiversidad, debido a que el concreto y el asfalto colocados impiden la filtración de agua. Eso afecta al crecimiento espontáneo de especies endémicas y modifica los procesos naturales de regeneración vegetal.
También se consigna la tala de árboles con el uso de maquinaria pesada.
Estos hechos quedaron confirmados tras un cateo realizado en junio de 2025 por autoridades federales, en el que se determinó la afectación de 6 mil 800 metros cuadrados del área.
Una de las imputadas podría no haber sido vinculada a proceso, ya que en los argumentos iniciales sólo Ascencio Barba aparecía directamente relacionado con los hechos. Se le dio la opción de separarse de la acusación o continuar en el proceso y ella decidió permanecer en calidad de imputada.
Tras la vinculación a proceso, tanto los imputados como la Fiscalía contarán con un mes para ampliar la investigación, a fin de que cada parte aporte mayores elementos antes de que se emita una resolución definitiva. Se aclaró que no se trata aún de una sentencia, sino de un proceso de reposición.
El irapuatense manifestó que la compra del predio estuvo apegada a la ley y que el desarrollo del asentamiento, autorizado desde antes de 2018, pero tolerado por el gobierno de Alejandro Navarro a pesar del señalamiento de afectación a la sierra, estuvo autorizado por el gobierno local.
La defensa afirmó que no se acredita que el predio sea suelo forestal y, por tanto, no hubo dolo en el desarrollo del complejo.
El juez aclaró que el sitio es Área de Protección Forestal y que en esa calidad resultó afectado.
El juzgador precisó que ni la autoridad estatal ni la municipal tienen facultades para emitir autorizaciones de impacto ambiental, por lo que los documentos presentados por los imputados carecen de validez, al corresponder dicha autorización exclusivamente a la Semarnat.
La Fiscalía solicitó el embargo de bienes y la inmovilización de cuentas bancarias, pero el juez determinó que no era necesario, ya que el inmueble se encuentra incautado y clausurado. Como medida cautelar, estableció únicamente que los imputados y su defensa no podrán acercarse a testigos, jueces ni fiscales.
El proyecto inmobiliario en la Sierra de Santa Rosa prometía casas ecológicas de hasta 3 millones de pesos, pero fue clausurado desde 2020 por violaciones ambientales. Aun así, se han denunciado ventas irregulares de lotes y un cateo de la Fiscalía General de la República (FGR) en 2025
