Guanajuato, Gto.- El grupo parlamentario del Partido MORENA presentó un punto de acuerdo de obvia resolución para que la actual Legislatura detenga el proceso de licitación del servicio de limpieza y seguridad en proceso, así como iniciar los procedimientos necesarios para la contratación del personal de servicio de limpieza y seguridad como parte de la plantilla institucional.
Lo anterior, considerando que los procedimientos necesarios para la contratación deberán terminar, a más tardar, 10 días antes de la conclusión de los contratos vigentes que el Congreso actualmente tiene con las empresas prestadoras de dichos servicios; y que en el proceso de contratación se procure que el personal que actualmente presta sus servicios mediante subcontratación en el Poder Legislativo sea contratado en la plantilla institucional.
Al dar lectura a las consideraciones de la propuesta, el congresista Ernesto Millán Soberanes habló que durante el periodo neoliberal se apuntalaron formas de relaciones laborales que, con las respectivas reglamentaciones desfavorables para el trabajo, institucionalizaron la flexibilización de las obligaciones patronales, exponiendo a las y los trabajadores a condiciones de precariedad que implicaron la disminución de los salarios reales, el aumento de la inseguridad laboral, así como la pérdida de formas de protección laboral previamente ganadas por los movimientos de trabajadores.
Apuntó que la mejora de condiciones laborales ha sido una de las principales preocupaciones de la nueva forma de hacer política en México, mediante acciones como la elevación del salario mínimo, el impulso a la democracia sindical y la prohibición de la subcontratación.
Añadió que la ley permite la subcontratación cuando se trata de servicios u obras especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la parte beneficiaria de estos, y que en ese supuesto se encuentran muchos ámbitos de gobierno que subcontratan servicios de limpieza y/o seguridad privada mediante contratos que, pese a ser legales, se traducen en garantías laborales diferenciadas con respecto al resto del personal de las dependencias gubernamentales: sueldos menores, prestaciones de vacaciones o aguinaldos menores, así como una escasa vigilancia del cumplimiento de las obligaciones patronales para con las y los trabajadores.
Millán Soberanes argumentó que bajo ese esquema se encuentran el personal de limpieza y seguridad del Poder Legislativo local, sin embargo, éste no los reconoce como sus trabajadores, pues la prestación de estos servicios actualmente depende de dos contratos con las empresas: PROMALI y LIMVIPRO.
Finalmente, el legislador puntualizó que el Congreso pagó más de 26 millones de pesos a dos empresas por prestar el servicio de seguridad y limpieza durante 21 meses; mientras que si la institución contratara al personal se erogarían aproximadamente 23.3 millones de pesos por 24 meses, contemplando un salario justo, prestaciones laborales y un futuro con mejores condiciones en su calidad de vida.
“Esto nos permitiría un ahorro aproximado de 3.8 millones de pesos a cambio de mejorar de las relaciones laborales y la garantía de los derechos de las y los compañeros de limpieza y seguridad”, finalizó.
Para hablar a favor de la obvia resolución hicieron uso de la voz el diputado Antonio Chaurand Sorzano y la diputada Maribel Aguilar González.
Chaurand Sorzano indicó que están frente a una situación de congruencia, que estaban llamados a votar a favor del punto de acuerdo porque la dignificación de las condiciones laborales no debe postergarse. Agregó que México se encuentra frente a una nueva política laboral y que Guanajuato no debía quedarse atrás, menos ahí que la pobreza laboral había aumentado.
Precisó que se estaba abordando un tema que afectaba directamente al personal de limpieza y seguridad que laboraba en el recinto legislativo, y que debían votar a favor por el principio de justicia social, ya que hacerlo en contra sería votar contra el personal que se encuentra en situación desfavorable.
Por su parte, la congresista Maribel Aguilar González apuntó que tenían la obligación de saldar una deuda histórica con las mujeres, y que esta era una gran oportunidad de responder a este sector vulnerable.
Señaló que, la mayor parte del personal son mujeres y convertirlas en parte de la prioridad, basificar al personal de limpieza y seguridad, significaría un paso para la vida laboral de quienes trabajan una doble jornada, lo que era un factor fundamental para avanzar en la desigualdad y organizar sus derechos.
La obvia resolución fue avalada por unanimidad.
El diputado Roberto Carlos Terán Ramos se pronunció en contra de la propuesta y externó que el trabajo que desempeñan las personas que laboran aquí debe ser reconocido y recompensado de manera justa, sin embargo, realizó tres puntualizaciones sobre la propuesta.
Dijo que la propuesta adolece de fundamentación jurídica, porque no existe en la ley la hipótesis para detener un proceso de licitación y que no sería posible proceder con la aprobación pues no hay fundamentación legal que lo haga posible; que existen restricciones legales sobre aumentos en el gasto de operación para gobiernos locales; y que el trámite parlamentario que correría sería a una instancia sin facultades dictaminadoras.
Finalmente, reiteró que este diálogo no era sobre la materia específica que motivaba la solicitud, porque en ello todos coincidían, sino en un procedimiento que no era jurídicamente procedente.
“Reiteramos el compromiso para buscar las mejores condiciones de trabajo, el acceso a prestaciones y oportunidades de desarrollo para las y los trabajadores”, finalizó.
En rectificación de hechos, el legislador Ernesto Millán Soberanes citó los artículos de la norma legal que avala el poder detener una licitación, por lo que subrayó que había sustento y que se iba a ver si iban a poner por encimar el interés privado sobre el público.
Al ser sometido a votación, la propuesta de punto de acuerdo no fue aprobada y se ordenó su archivo definitivo.
