Guanajuato, Guanajuato.- Por unanimidad de votos, el Pleno del Congreso local aprobó reformas al Código Civil para el Estado de Guanajuato para establecer que para la asignación de los apellidos cuando el registrado se presente como hijo nacido dentro del matrimonio o comparezcan ambos padres a reconocerlo, estos decidirán libremente de común acuerdo el orden de los apellidos.
En caso de que los padres no se pongan de acuerdo en el orden de los apellidos, el oficial del Registro Civil lo determinará atendiendo al interés superior de la niñez y estabilidad familiar.
La morenista María Eugenia García Oliveros fue la autora del dictamen. Señaló que el derecho al nombre implica la prerrogativa de su modificación, misma que debe estar reglamentada en ley; eso reivindica la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y fortalece el derecho a la vida privada y familiar al reconocer la autonomía de las familias en la conformación de su identidad.
Le apoyó la priista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, quien indicó que la reforma equilibra derechos: respeta la autonomía de los padres, corrige una práctica discriminatoria que privilegiaba al varón y al mismo tiempo protege a las niñas y niños garantizando estabilidad y seguridad jurídica cuando no hay consenso. En Guanajuato los derechos de las mujeres y la igualdad sustantiva no son negociables, concluyó.
Aprueban reformas constitucionales para promover la igualdad sustantiva y la equidad de género
El Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó reformas a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género.
Las aprobaciones contemplan que el Estado tiene deberes reforzados de protección con las mujeres, adolescentes, niñas y niños; se reconoce que toda persona tiene derecho a un salario igual, sin importar su sexo, género, nacionalidad u origen étnico; y que la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, así como el desarrollo de la carrera profesional se rija bajo un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
La panista que representa al Partido de la Revolución Democrática (PRD), María del Pilar Gómez Enríquez, manifestó que el dictamen contiene un marco jurídico que fortalece la igualdad sustantiva por reconocer que los derechos, las oportunidades y las condiciones sean realmente equitativas para las mujeres y los hombres sin importar su origen o forma de pensar.
El reconocimiento al trabajo de las mujeres en el hogar, en el campo, en la ciudad, en las empresas o en el servicio público es la fuerza que sostiene comunidades y construye el futuro en el ejercicio del poder público, en la representación política y en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, concluyó.
El morenista David Martínez Mendizábal indicó que se impone al Estado el llevar a cabo actos que ayudan a tener una correspondencia de oportunidades entre distintos grupos sociales, con condiciones reales para poder acceder a los derechos humanos. Aseguró que la igualdad sustantiva persigue el goce y disfrute de los derechos humanos y sociales en ciertos grupos de la población que tienen como características el haber sido objeto de discriminación o exclusión recurrente y sistemática y que los cambios impactan en la visibilización de los principios de paridad e igualdad sustantiva que permitirán a las mujeres de Guanajuato acceder de manera real a una igualdad salarial y de acceso a la justicia y para obtener puestos de mayor jerarquía en la misma proporción que los hombres.
La morenista María Eugenia García Oliveros dijo que se tiene una coincidencia de todas las mujeres legisladoras de las diferentes fracciones y partidos políticos que conforman el Congreso en buscar la igualdad sustantiva y la paridad de género.
La igualdad sustantiva corresponde a tener un salario de trabajo igual sin tener en cuenta el sexo o el género, donde para lograrlo se tendrán que adoptar las medidas necesarias para prevenir toda forma de violencia contra las mujeres y así se reafirme el compromiso de seguir legislando en favor del bienestar de las niñas, adolescentes y mujeres, concluyó.
Su correligionaria, Martha Edith Moreno Valencia destacó que uno de los grandes retos que enfrenta la entidad es la desigualdad y la violencia que viven diariamente niñas, adolescentes y mujeres de Guanajuato, a quienes históricamente se les han vulnerado sus derechos humanos. Al igual que su compañera, enfatizó que las distintas manifestaciones de violencia en contra del sector mencionado se presentan de manera simultánea que inhiben el ejercicio de sus libertades, lo que resulta indispensable poner como prioridad los principios de igualdad sustantiva y no discriminación. El dictamen fue aprobado por unanimidad de votos.
