Guanajuato, Guanajuato.- Durante el último año, el gobierno del estado extendió medidas de protección a 50 personas: 34 periodistas y 16 defensoras de derechos humanos. Activaron 87 acciones proporcionales al nivel de riesgo para salvaguardar su integridad y garantizar el ejercicio de sus derechos.
Así lo señaló la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo al participar en la presentación del informe “Buenas Prácticas y Desafíos en la Investigación de Delitos Cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en México, con el acompañamiento de la Unión Europea.
La mandataria indicó que el reporte analiza casos emblemáticos que señalan las prácticas que empujan hacia la justicia.
Datos de la organización Artículo 19 indican que desde 2016 y hasta marzo de 2025, en Guanajuato han sido asesinados seis periodistas y comunicadores. El caso más reciente es el de Kristian Martínez, quien fue ultimado el pasado domingo 2 de marzo de 2025 en el municipio de Silao.
También se han registrado diversas agresiones en el ejercicio del periodismo, lo que coloca al estado como uno de los de mayor riesgo para personas comunicadoras y defensoras de derechos humanos en el país.
Entre 2015 y diciembre de 2024, un total de 59 personas de Guanajuato fueron incorporadas al Mecanismo Federal de Protección, debido a las amenazas y riesgos derivados de su trabajo. De estas, 41 eran defensoras de derechos humanos y 18 eran periodistas. El número de estos últimos se elevó a 34, de acuerdo con el reporte del organismo internacional.
Así mismo, desde su creación en 2019, el Consejo Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos ha ofrecido medidas para 89 periodistas y 33 personas defensoras de la entidad, derivado de amenazas y agresiones ejercidas en su contra.
Lo anterior es el contexto del informe presentado esta mañana en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.
Durante la presentación del informe, la gobernadora resaltó el trabajo de protección que su administración realiza en ese ámbito. Destacó que este ejercicio representa un mensaje claro de apertura institucional, al permitir el análisis técnico y humano de los procesos de investigación, así como la identificación de áreas de oportunidad para fortalecer el acceso a la justicia y la protección de quienes defienden derechos e informan a la sociedad.
García Muñoz Ledo reconoció que el informe presentado documenta retos y experiencias positivas en la investigación de delitos contra estos gremios, y reconoce la disposición de Guanajuato para dialogar con organismos multilaterales y fortalecer sus capacidades institucionales, a través de la coordinación entre la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Gobierno y el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Valoró que el documento convierta casos reales en lecciones para el futuro, como la adecuada preservación del lugar de los hechos, el acompañamiento jurídico a las víctimas y el análisis de contexto para la prevención de riesgos.
Destacó las acciones de capacitación impulsadas en coordinación con la ACNUDH, que han alcanzado a integrantes del Consejo Estatal de Protección, al Grupo Especial de la Secretaría de Seguridad y Paz, así como a personal de áreas de comunicación social de 10 dependencias estatales, para fortalecer la libertad de expresión y evitar la revictimización.
Finalmente, hizo un llamado a periodistas, personas defensoras, instituciones y sociedad en general para hacer de este informe un estándar de actuación y un compromiso compartido, reiterando que en Guanajuato “la dignidad humana es el mayor de los derechos y nadie que defienda libertades o informe a la sociedad estará solo”.
En este informe participaron: Gerardo Vázquez Alatriste, Fiscal General del Estado de Guanajuato; Ricardo Jorge de Sousa Cancela Neves, Oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México; Angélica Casillas Martínez, diputada presidenta del Congreso del Estado; Magistrada Alma Delia Camacho Patlán, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Poder Judicial del Estado de Guanajuato; Maia Campbell, en representación de Humberto Henderson, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Jaime Fernández Rúa, en representación de Francisco André, Embajador de la Unión Europea en México; Karla Gabriela Alcaraz Olvera, Procuradora de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato; Jorge Daniel Jiménez Lona, Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato.
También estuvieron integrantes del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, y Periodistas, integrantes de Colectivos de búsqueda de personas, estudiantes y medios de comunicación.
