Guanajuato, Guanajuato.- Las mesas de consulta a Pueblos Indígenas y Afromexicanos fueron el marco para que las y los participantes acusaran actos de discriminación y denunciaran que se les ha históricamente marginado.
Las morenistas María Eugenia García Oliveros, presidenta de la Comisión de Justicia; y Plásida Calzada Velázquez, presidenta de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, encabezaron la mesa de “Consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”. El objetivo fue escuchar de viva voz las opiniones y necesidades de sus representantes sobre dos iniciativas clave que buscan reformar el Código Civil para garantizar un reconocimiento pleno de su identidad y autonomía.
Los representantes de diversas comunidades tomaron la palabra para exponer las dificultades y la discriminación que enfrentan día a día. Señalaron que, a pesar de las leyes existentes, en la práctica se enfrentan a obstáculos que vulneran su identidad.
Estefanía, de Cieneguilla, Victoria, relató que intentó registrar a su hija con el nombre náhuatl Ameyalli (que significa manantial) y fue presionada en el registro civil para cambiarlo. “Me dijo que lo pensara bien, porque esto iba a ocasionarle bullying”, compartió. “Me sugirió que lo modificara para que fuera más fácil, y por eso ya no le puse Ameyalli, le puse Ameyali. Es otro tipo de violencia, que te modifiquen el nombre, porque desde ahí no están respetando tu decisión”.
Otros participantes expresaron la necesidad de que sus formas de gobierno interno, basadas en la asamblea comunitaria, sean respetadas por encima de figuras externas que, en ocasiones, no representan sus intereses. Un asistente de la comunidad de Misión de Chichimecas fue claro al señalar la frustración que sienten: “Nosotros somos los dueños, propietarios y herederos de los recursos naturales de este país, pero estamos como arrimados en nuestra propia casa”.
La segunda reunión de consulta se centró en una iniciativa para reformar la ley estatal, con el objetivo de incluir explícitamente a las comunidades afromexicanas y fortalecer sus mecanismos de participación.
Durante el diálogo, los participantes expresaron su desconfianza histórica y demandaron acciones concretas. Las exigencias principales fueron que las consultas sean vinculantes y no simulaciones, que se respete su autonomía y sus formas de gobierno tradicional, y que se cree una instancia jurídica que defienda sus derechos frente a otras autoridades.
Al concluir el encuentro, Plásida Calzada Velázquez reconoció el valor de las aportaciones y aseguró que serán integradas al trabajo legislativo para construir un marco legal más justo: “Valoramos mucho el esfuerzo que todas y todos han hecho de estar el día de hoy aquí. Se está cambiando la manera de trabajar, estamos buscando que realmente todas estas propuestas de adiciones, de modificaciones, de verdad lleguen a nuestras comunidades”.
En la primera reunión, se presentaron dos propuestas legislativas que abordan problemáticas históricas. La primera, impulsada por García Oliveros, se centra en el derecho a la identidad, proponiendo que los padres puedan decidir libremente el orden de los apellidos de sus hijos y, fundamentalmente, que se reconozcan y registren oficialmente los nombres propios en lenguas originarias, respetando sus formas orales, funcionales y simbólicas.
La segunda iniciativa, de Plásida Calzada, busca otorgar a los pueblos y comunidades indígenas el estatus de persona jurídica colectiva, reconociendo a su autoridad comunitaria como su representante legal. Esto les permitiría actuar con plena autonomía en actos jurídicos, como la firma de contratos o la defensa de su patrimonio, sin perder su esencia cultural.
Plásida Calzada informó que presentará una iniciativa para que sea la asamblea, como máxima autoridad, la que decida el nombre de su representante, garantizando que su nombramiento sea vinculante para otras autoridades y no una imposición.
Las propuestas y comentarios recabados en las consultas serán integrados al análisis para la dictaminación de las iniciativas, marcando un paso fundamental hacia un marco legal que honre y proteja verdaderamente los derechos de los pueblos originarios de Guanajuato.
