Campeche
El periódico Tribuna, primer diario impreso en la historia de Campeche y con medio siglo de trayectoria informativa, cerró oficialmente sus operaciones digitales el pasado 13 de junio, tras una orden judicial derivada de una serie de denuncias presentadas por la gobernadora Layda Sansores San Román y funcionarios de su administración.
Antecedentes
Fundado el 11 de junio de 1975 por el exgobernador Carlos Sansores Pérez, el diario había sido una referencia en el periodismo campechano. Aunque desde enero de 2024 dejó de imprimirse en papel, continuaba publicando información a través de su plataforma digital hasta su reciente cierre.
Una batalla legal de casi tres años
La clausura es resultado de un proceso judicial que se extendió durante dos años y siete meses. Layda Sansores denunció penal y civilmente a Tribuna (medio de comunicación), a su exdirector Jorge Luis González Valdez, y al administrador del portal, Isidro Yerbes, por presuntos delitos como incitación al odio, calumnias y difamación.
La demanda fue respaldada por la secretaria estatal de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, así como por el vocero del Gobierno del Estado, Walther Patrón Bacab, quien además presentó una queja por “daño moral” luego de que el periódico lo señalara como prestanombres del sobrino de la gobernadora, Gerardo Sánchez Sansores, y de recibir contratos públicos durante su paso por la alcaldía Álvaro Obregón.
Dicha información fue publicada originalmente por medios nacionales y retomada por Tribuna, pero la jueza civil Maribel del Carmen Beltrán Valladares sentenció al medio y a su exdirector a pagar dos millones de pesos de indemnización, alegando que no corroboraron la veracidad de lo difundido.
Acusaciones por “violencia de género” y arresto polémico
Además de las demandas por difamación, Sansores interpuso otras por violencia política en razón de género, las cuales fueron avaladas tanto por el Instituto Electoral del Estado como por el Tribunal Electoral Estatal, que emitieron medidas cautelares para prohibirle a González Valdez cualquier referencia a la gobernadora o a su secretaria de Seguridad.
Pese a impugnar estas medidas, el periodista de 71 años continuó participando como analista en el programa Expediente, transmitido por Telemar. Sin embargo, el pasado 9 de abril fue detenido por policías estatales luego de intervenir en defensa de un joven motociclista. A pesar de sus problemas cardíacos y lesiones visibles, permaneció 48 horas detenido antes de ser liberado.
Posteriormente, el 13 de junio, la jueza de control Guadalupe Martínez Taboada lo vinculó a proceso por incitación al odio y a la violencia, le prohibió ejercer el periodismo por dos años, y ordenó el cierre de Tribuna digital por ese mismo periodo. El administrador del portal, Isidro Yerbes, también fue vinculado.
En paralelo, se ordenó el embargo del predio propiedad de González Valdez para garantizar el pago de la indemnización exigida por el vocero estatal, y se pidió un informe sobre sus bienes muebles para posibles sanciones adicionales.
¿Libertad de expresión o violencia disfrazada?
La gobernadora Layda Sansores ha negado que se trate de un caso de censura, y ha declarado públicamente que el periodista la ha insultado durante años con expresiones como “gorda”, “fea” o “mamá de Chucky”, lo que, según ella, “no tiene nada que ver con libertad de expresión, sino con libertad de agresión”.
En contraste, organismos de derechos humanos y sectores periodísticos han manifestado su preocupación por un posible uso del poder público para silenciar voces críticas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido en ocasiones anteriores que el uso de medidas judiciales para inhibir el trabajo de la prensa representa una amenaza para la libertad de expresión en contextos democráticos.
“Las sanciones no son definitivas”
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Manuel Enrique Minet Marrero, aseguró que las medidas dictadas contra Tribuna y sus colaboradores aún no son definitivas. Aclaró que el proceso se encuentra en una fase inicial, y que los acusados pueden recurrir a medios de defensa como la apelación o el amparo.
El fin de una era informativa en Campeche
El cierre de Tribuna marca un episodio sin precedentes en la historia mediática de Campeche, donde el medio fundado por un gobernador priista terminó enfrentado legalmente con su propia descendiente, ahora al frente del Ejecutivo estatal bajo las siglas de Morena.
En un país donde más de 150 periodistas han sido asesinados desde 2000 y donde la censura puede tomar múltiples formas, el caso de Tribuna despierta el debate sobre los límites entre la crítica, la responsabilidad periodística y el poder político.
