A través de diversas acciones de convencimiento, los defraudadores MARCO “N”, JOSÉ “N” y SANDRA “N” participaron en conjunto y engañaron a la víctima, haciéndole creer que obtendría una concesión de taxi en la ciudad de Guanajuato capital.
Las pérdidas monetarias y materiales del patrimonio de la víctima ascienden a más de medio millón de pesos, por lo que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato tras recibir la denuncia inició una carpeta de investigación que quedó en manos de la Unidad Especializada en la materia, la cual comprobó los hechos en los tribunales.
El 5 de abril del año 2018, Sandra “N” contactó a la víctima, para proponerle realizar el traspaso de una concesión de taxi, la citó al día siguiente en un lugar a donde llegaron también José “N” y Carlos “N”, este último le dijo que tenía una concesión de taxi ya autorizada por la que pedía 1 millón de pesos, le dijo que la estaban considerando por ser amiga de Sandra, en ese momento la víctima no aceptó pues la cantidad de dinero era demasiado alta.
Al día siguiente, José “N” contactó a la víctima para ofrecerle la concesión a un costo más bajo, se la ofreció en 880 mil pesos, además le advirtió que solo tenía dos días, específicamente hasta el 9 de abril, para realizar el trámite ante la Secretaría de Finanzas, pero no aceptó debido a que no contaba con dicha cantidad.
Horas después de la llamada de José, Sandra volvió a contactar a su “amiga” para convencerla de que estos sujetos eran personas serias, que nunca habían quedado mal y le preguntó por la cantidad que estaría dispuesta a ofrecer con tal de obtener la concesión, al final establecieron que sería por la cantidad de 400 mil pesos.
Ese mismo día Carlos “N” volvió a contactar a la ofendida para reiterarle que era un negocio seguro, sin ningún tipo de riesgos y que incluso realizarían el contrato ante un Notario Público donde fue citada al día siguiente, 08 de abril del 2018.
Al día siguiente, la ofendida y su esposo acudieron a la cita en la oficina del Notario Público, donde les presentaron a Marco “N”, quien se ostentó como contador público y a Alejandro “N”, quien dijo ser abogado, ellos serían los responsables de llevar a cabo el trámite de la concesión del taxi.
El contrato se llevó a cabo ante el Notario Público y en ese momento la víctima entregó la cantidad de $400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.); Sandra “N” y Alejandro “N” contaron la cantidad para cerciorarse que estaba completa y una vez que terminaron quedaron de comunicarse con ella para informarle los avances en la tramitología de la concesión.
Pasaron cuatro días sin que la víctima recibiera notificación alguna sobre su trámite, hasta que le llamó vía telefónica a Marco “N”, quien le indicó que tenía que darse de alta en la Secretaría de Hacienda.
Varios días después, Marco “N” se comunicó y le solicitó la cantidad de 50 mil pesos por gastos de trámites, alegando que había tenido que ponerlos de su bolsa y en compañía de José, se presentaron en su domicilio y recibieron dicha cantidad luego de haberle mostrado a la víctima desde su celular una imagen, con la que supuestamente comprobó que usó dinero propio para realizar el pago ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Guanajuato.
Posteriormente, la víctima fue a una agencia de vehículos de motor para adquirir la unidad con la que brindaría el servicio y ahí le dijeron que era necesario contar con una carta expedida por la oficina de vialidad para comprobar que su concesión ya estaba en trámite.
Marco “N” se comprometió a entregar la carta de vialidad, pero para ello le requirió a la víctima la cantidad de 50 mil pesos más, la cual obtuvo en fechas posteriores; en ese momento Marco y José se comunicaron y en contubernio le hicieron creer a la ofendida que el sistema de la Secretaría de Finanzas indicaba que el estatus de su concesión se encontraba como pre autorizada.
Por último le solicitaron a la víctima dinero para tramitar la licencia de manejo tipo “B”, el tarjetón y le solicitaron presentarse al día siguiente en las oficinas de la dependencia para la toma de fotografías y el llenado de formatos.
Cuál fue la sorpresa de la víctima al llegar a las oficinas y preguntar por José y Marco, pues le informaron que dichas personas no laboraban ahí y que el trámite de licencias se tenía que realizar en la Dirección General de Transporte del Estado, además de que no existía registro de alguna concesión a su nombre.
Lo anterior se pudo acreditar ante un Juez, tras una ardua investigación en la cual se analizaron los documentos apócrifos, se extrajo evidencia digital y se obtuvo información que permitió el esclarecimiento del ilícito.
El Ministerio Público presentó en audiencia la evidencia con la que sustentó la imputación que recae sobre los inculpados por el delito de fraude, por lo que fueron sentenciados a 4 años y 9 meses de prisión, una multa y el pago por concepto de la reparación del daño en favor de la víctima.
