Guanajuato, Gto.- La mayoría panista echó abajo la solicitud del morenista Ernesto Millán Soberanes de exhortar al gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para que suspenda la licitación pública internacional para concursar por la construcción de la autopista Silao-San Miguel de Allende -y que incluye administrar la Silao-Guanajuato.
Millán dijo que la convocatoria precisa que la concesión tendría una duración de 30 años, pese a que no se han hecho públicas las proyecciones económicas de la autopista Silao-San Miguel de Allende. Contrastó que la autopista de cuota Guanajuato-Silao ha tenido ingresos de más de 260 millones de pesos anuales, mientras que su costo de operación y mantenimiento es de 53 millones de pesos a precios vigentes. Esto supone ingresos, sólo por esta autopista, superiores a los 200 millones de pesos anuales con valores de este año”, indicó.
Comentó la concesión de la autopista a Silao no tendría impacto en las finanzas públicas al tratarse del 0.2% de los ingresos del estado, lo contrasta con el constante rechazo a las propuestas para reducir las cuotas de la citada autopista.
La licitación es una violación a las disposiciones constitucionales de concesión y se trata de una acción que responde a la lógica neoliberal de la privatización y de los negocios al amparo del poder público, recalcó.
Finalmente consideró necesario que se suspenda la licitación en curso y se valide públicamente la imposibilidad de inversión pública por parte del Estado en cada uno de los proyectos en cuestión.
Para hablar a favor de la obvia resolución hizo uso de la tribuna el diputado Cuauhtémoc Becerra González, quien indicó que la convocatoria del gobierno del estado busca entregar las carreteras al sector privado, además de revelar una incapacidad del gobierno actual para desarrollar proyectos de infraestructura relevantes que la entidad requiere para su desarrollo económico.
Agregó que también se expone la corrupción que existe en el estado, toda vez que de manera errónea se busca que vender la idea de que los problemas se resuelven dejando las cosas en manos de las empresas privadas, siendo algo no adecuado por diversos ejemplos que se traducen en la creación de negocios privados a costo de los guanajuatenses.
La obvia resolución fue aprobada por unanimidad de votos. Al ser sometido a votación el punto de acuerdo no fue aprobado, por lo que se instruyó su archivo definitivo.
