Guanajuato. – Tras la declaración de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó que el delito de aborto, contemplado en el Código Penal Federal es inconstitucional, por ser contrario al derecho a decidir de las mujeres, todo apunta a que en Guanajuato la ley estatal será aprobada tarde o temprano.
La diputada priista Yulma Rocha, la morenista Alma Alcaraz y el ecologista Gerardo Fernández González externaron sus inquietudes al respecto. La cuatroteísta ve difícil que el panismo acepte reformar la ley en ese tema durante la presente legislatura.
La SCJN resolvió que aquellas normas que contemplan que una mujer o persona gestante no debe ser sancionada cuando el aborto se comete por imprudencia, por violación o por grave peligro de muerte son inconstitucionales, porque siguen concibiendo al aborto como un delito y a la mujer como responsable penalmente, aun cuando no se le castigue.
También consideró que el hecho de que una mujer víctima de una violación sexual decida abortar y sea criminalizada por ello, le genera un profundo daño y sufrimiento, ya que extiende los efectos del delito y las obliga a mantener un embarazo no deseado –producto de un hecho traumático—, lo que constituye una forma de tortura y malos tratos.
Finalmente, la Sala determinó que el requisito que obliga a que el personal médico que asiste a una mujer o persona gestante en grave peligro de muerte recabe el dictamen de otro médico para autorizar la interrupción del embarazo, atenta contra sus derechos ya que obstaculiza de forma excesiva el acceso efectivo y sin dilaciones a un aborto por motivos de salud.
La determinación se derivó de un amparo que la SCJN otorgó al Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), mismo que fue presentado contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal por haber emitido una regulación que criminaliza el aborto.
El amparo fue analizado por la Corte y concluyó que el apartado del Código Penal Federal que criminaliza el aborto ya no tendrá efectos, por lo que ninguna mujer o persona gestante, ni al personal de salud, de le podrá castigar por abortar, señaló en un comunicado la organización feminista.
Las secuelas en Guanajuato
Por el momento, el aborto de manera voluntaria, por decisión propia de la mujer en Guanajuato, no es legal. La ley establece que las mexicanas tienen derecho a interrumpir un embarazo sólo en caso de riesgo para su vida o en caso de violación (NOM-046). Antes era requisito que las mujeres presentaran denuncia penal para acceder a un aborto médico legal, cuando el embarazo era producto de una violación. Esto ya no es un requisito. Basta con la solicitud de la mujer.
Sin embargo, sólo se circunscribe en Guanajuato a ese límite. Si una guanajuatense quiere abortar de forma voluntaria tiene que desplazarse a uno de los 11 Estados donde sí es legal interrumpir el embarazo: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Coahuila, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo.
En 2015 y 2018, el legisladoras y legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) impulsaron leyes para despenalizar el aborto y que fuera garantizado por el sistema de salud estatal.
El Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lo volvió a plantear en 2020. El 30 de septiembre de 2021|, El Grupo Parlamentario del PVEM presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado de Guanajuato, en materia de despenalización del aborto.
Propuso derogar cualquier pena o sanción para la mujer o persona gestante que voluntariamente provoque la interrupción del embarazo en cualquier momento de la preñez, contemplado en la derogación de los artículos 11, fracción IV, 159 y 160.
De la misma manera cualquier institución médica, medico, partera o enfermera que asista o ayude a la mujer o persona gestante a la interrupción del embarazo en cualquier momento de la preñez queda excluido de cualquier tipo de pena o sanción, contemplado en la reforma del artículo 162.
Se agrega el supuesto en que el aborto no es punible: inseminación artificial no consentida, contemplado en el artículo 163.
El 9 de junio de 2022, el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, de MORENA, formuló una iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, con la finalidad de fortalecer el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres y evitar que las mismas tengan consecuencias penales por decidir sobre su cuerpo.
En la exposición de motivos del documento se señala que la Suprema Corte de Justicia declaró en el 2021 como inconstitucional el criminalizar el aborto, hecho que calificó como un importante precedente respecto del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres, ligado al derecho que tienen las mismas para interrumpir el embarazo.
Postura de la oposición
Yulma Rocha manifestó que la determinación de la Corte es un avance importante en materia de derechos reproductivos de las mujeres. Declaró que la determinación de la corte sentará un precedente en Guanajuato para que el congreso local legisle la despenalización del aborto: lo tendrán que hacer tarde o temprano, señaló.
En el mismo sentido se expresó el diputado del Partido Verde Ecologista de México, quien añadió que el sistema de Salud del Estado de Guanajuato deberá incorporar a sus servicios el de la interrupción del embarazo no sólo en casos de violación.
Alma Alcaraz, por su parte, indicó que si bien la determinación de la SCJN es un paso importante, se trata de una acción federal y que si bien tendrá su correspondiente consecuencia en Guanajuato, no espera que en esta legislatura haya cambios legales en ese tema. La mayoría panista sigue muy cerrada, aseveró.
