Guanajuato, Gto.- La ampliación de la carretera San Miguel de Allende-Dolores Hidalgo tiene un avance físico es del 48.5%; la obra ha enfrentado dificultades y los tiempos responden a esas condiciones.
Así lo señalaron el secretario de Obra Pública del Estado de Guanajuato, Juan Pablo Pérez Beltrán y representantes de la empresa constructora ante integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública del Congreso del Estado.
El reporte fue manifestado en el marco de una mesa de trabajo para analizar un punto de acuerdo propuesto por la bancada morenista que busca exhortar a la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, que ordene a la brevedad al secretario de Obra Pública y a la subsecretaria de Infraestructura Vial, Maura Mónica Rangel Aguilar, que exijan a la empresa contratista cumplir con el contrato para la realización de la obra:
La cláusula relativa a la obligación que tiene de adoptar, para la previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, la instalación a su costa de los anuncios, avisos, señales, medidas preventivas y de orientación, que se requieran para evitar riesgos que se corran por la obra que se realiza, ya que de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por el contratista.
También demandan que se verifique si la obra en comento se está ejecutando conforme al programa de ejecución pactado y comparará periódicamente el avance de ésta, y en caso de ser aplicable se realicen las retenciones contempladas o en su caso se hagan efectivas las sanciones que se establecen en el contrato.
Finalmente para que se informe sobre la efectividad de las acciones en materia de obra pública que actualmente se implementan, así como los mecanismos y estrategias planteadas para el fortalecimiento de éstas, con la finalidad de que la ejecución de las obras públicas realizadas dentro del estado se desarrolle conforme a las normas, proyectos y plazos de ejecución, evitando así poner en riesgo de manera innecesaria la salud y seguridad de los ciudadanos nacionales y extranjeros que visitan la entidad.
Pérez Beltrán, señaló que la obra tiene un costo de más de 3 mil millones de pesos con un total de alrededor de 30.7 km, trabajos que nunca han tenido un paro total de las acciones.
Especificó que se tiene alrededor de cinco actores que están constantemente supervisando la obra en cuestiones de calidad, que supervisan la colocación del pavimento, asfalto y del acero, además de que se presentaron diversas situaciones adversas relativas a nueve amparos, donde algunos ocasionaron un retraso de 75 días y también se hicieron modificaciones por la escucha a las necesidades de las personas que habitan los alrededores.
El morenista Luis Ricardo Ferro Baeza hizo diferentes cuestionamientos en los que sobresalieron cuál es el avance físico real de la obra; el porcentaje de recurso asignado al proyecto se ha entregado al contratista; si el avance físico de la obra concuerda conforme lo que debería estar construido; si se han recorrido los 30.7 kilómetros del tramo carretero; cuántos kilómetros de
ciclovía se encuentran concluidos; el porcentaje de avance que tiene el paso superior de ferrocarril; cuántos puentes peatonales se encuentran terminados y dónde están ubicados; si han existido sanciones al contratista; si se han notificado los incidentes presentados sobre el desarrollo de la obra; si el contratista se ha responsabilizado por los daños y perjuicios ocasionados a los usuarios de dicho tramo carretero, entre otras preguntas.
Pérez Beltrán expresó que el avance físico es del 48.5%; que los 1000 trabajadores si están laborando actualmente; que si se ha recorrido el tramo de poco más de 30 kilómetros, se especificó que no se tienen concluidos tramos al 100% debido al proceso de construcción; que se tiene una supervisión externa que está revisando día a día, junto con el equipo de la Secretaría de Obra Pública y otros organismos; junto a que no se han presentado irregularidades por parte del contratista hasta la fecha.
Dijo que al momento no ha habido cuestiones imputables al contratista; que la empresa cuenta con un seguro contra daños y perjuicios que hasta el momento no se ha hecho uso de él porque no se ha tenido alguna observación y que los pocos incidentes que se han tenido se han llegado al consenso con los afectados, por lo que no se ha originado ninguna queja por la vía jurídica; por su parte, la información que se origina por parte de los diferentes organismos que supervisan es instantánea y se informa de cualquier situación a la brevedad; y dijo que del tramo denominado “La Cieneguita” no se ha ejecutado algún proceso por la intervención judicial y una vez que se libere se contará con 8 meses para hacerlo.
Maura Mónica Rangel Aguilar, subsecretaria de Infraestructura Vial, externó que se tiene un avance financiero del 9.53% con un pago de 288.5 millones de pesos y se tiene en revisión una cédula más por 86 millones; junto a que se ha cuidado mucho que el tiempo de maduración del concreto sea el adecuado para evitar la sustitución de lozas a causa de daños.
También resaltó que el Cajón de Royos lleva un avance del 94%; el Retorno de San Gabriel a nivel del 45%; Cajón San Gabriel del 80%; Entronque La Venta del 25%; Puente Arroyo Palo Blanco del 67%; Puente Peatonal Tequisquiapan del 30%; Cajón Vehicular Galvanes del 86%; Puente Dolores del 85%; Retorno La Petaca del 35%; Puente Peatonal La Petaca del 80%; Glorieta Atotonilco 55%; Puente Peatonal La Palma del 89%; Cajón Santuario lleva un 25%; Puente Charcos 21%; y que aparte de los 1000 trabajadores, se tienen al personal de la supervisión externa que rectifica que se tenga la calidad al momento de ejecutar la obra.
Alberto Chao González, director general jurídico de la Secretaría de Obra Pública, indicó que el amparo correspondiente al predio rústico La Hacienda de la Flor se demostró que no se afectó al negocio y se obtuvo una suspensión no definitiva para continuar con los trabajos; de los amparos del ejido de Rioyos se dijo que seguían vigentes pero que no se tiene una afectación sobre los trabajos; mientras que los otros amparos están relacionados con el ejido San Gabriel y del tramo Tequisquiapan; pero que actualmente el amparo correspondiente al ejido de “La Cieneguita”, se tiene una suspensión de 320 días.
El legislador José Erandi Bermúdez Méndez señaló que una de las preocupaciones al escuchar las contestaciones de los funcionarios invitados es la cantidad a la que se elevará el costo de la obra, donde se tiene claridad que se está salvaguardando el recurso de los guanajuatenses, junto a externar una felicitación por dar una atención desde el punto donde se originan los trabajos.
La panista Angélica Casillas Martínez precisó que la obra tiene una alta dificultad y que dicha dificultad no solo se refleja en la elaboración del proyecto, sino en la ejecución de la obra, donde se cambian las cosas por las variables que se presentan en la mecánica de suelos, además de que es importante tomar en cuenta las vialidades que se están haciendo respecto a la escucha de las personas que conforman las comunidades, mismas que no estaban incluidas en el proyecto.
Finalmente, la diputada Luz Itzel Mendo González agradeció la presencia de cada uno de los integrantes que se dieron cita a la mesa de trabajo en la que parte fundamental de las obligaciones de las diputadas y diputados es garantizar que el ejercicio de los recursos públicos se ejerza con transparencia y responsabilidad.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Luz Itzel Mendo González (presidenta), Angélica Casillas Martínez y Carolina León Medina; así como los diputados José Erandi Bermúdez Méndez y Luis Ricardo Ferro Baeza. Acompañados por Juan Pablo Pérez Beltrán, titular de la Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato; Maura Mónica Rangel Aguilar, subsecretaria de Infraestructura Vial; Alberto Chao González, director general jurídico; Cruz Enrique Sánchez Tovar, director de Estructuras y Conservación; así como Vicente Vázquez Bustos, representante de la Consejería Jurídica.
