GUANAJUATO, GTO.- La organización Artículo 19, dedicada a la defensa del ejercicio del periodismo, calificó la disposición de la Universidad de Guanajuato de acreditar a reporteros que cubran actividades de la institución, como violatoria a la propia Ley estatal de Protección a Periodistas. Se trata de espacios públicos y puede tratarse de un precedente para que lo repliquen otras instancias “sin que haya realmente una justificación jurídica”.
La UG respondió que la medida se aplica para garantizar la integridad y el respeto a los derechos humanos de las y los estudiantes, en especial cuando se trata de menores de edad.
Tras la designación de Claudia Susana Gómez López como nueva rectora general de la UG, la institución envió una circular a representantes de los medios de comunicación para que enviaran – a más tardar el 18 de febrero- una carta del medio para el que laboran, así como una fotografía digital para generar una credencial especial que deberán utilizar para la cobertura de actividades de la institución.
La medida generó inconformidad en un sector del gremio, que turnó el tema a Artículo 18 y el organismo fijó postura. Como respuesta, la UG envió un comunicado en el que señala que “el ejercicio de la libertad de expresión entraña deberes y responsabilidades especiales como son las de asegurar el respeto a la vida privada y los derechos de terceros, así como la protección al orden público”.
La Universidad de Guanajuato, prosigue, “como institución pública, es una autoridad garante del ejercicio de otros derechos fundamentales como son los derechos humanos universitarios, los relacionados con la seguridad y protección civil en las instalaciones de las y los estudiantes, así como de las personas que integran la comunidad universitaria; lo que nos obliga a actuar en el marco de su respeto y protección, y de manera preponderante velar por el interés superior del menor”.
Por esta razón, continúa, “esta institución educativa a través de la Dirección de Comunicación y Enlace, consideró razonable y necesario adoptar medidas encaminadas a tal objetivo, emitiendo un oficio a fin de que las personas periodistas y los representantes de los medios de comunicación se acreditaran ante la institución a fin de acceder a sus instalaciones, proporcionando datos personales que les permitieran su identificación”.
Añade que la UN “no es ajena al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Constitución ni en las leyes que de ella derivan, en materia de derechos humanos, de modo que la acreditación solicitada no constituye un acto discrecional arbitrario, por el contrario, busca que el ejercicio del derecho al periodismo se facilite al acceder de forma segura a las instalaciones y que el ejercicio de la labor periodística se realice en las mejores condiciones y siempre en un marco de respeto a los derechos humanos que consagra el Estado de Derecho”.
La UG recalca que es “respetuosa de la labor de las personas periodistas y los medios de comunicación, y reconoce su aportación en la construcción de una sociedad democrática, libre y participativa, en este sentido, refrenda la disposición institucional para colaborar en el desarrollo
de sus actividades, con apego irrestricto a los derechos humanos y a la normatividad universitaria”.
La respuesta, fue señalada por integrantes del Consejo Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos como insatisfactoria por carecer de sustento jurídico.
