Contar con una nueva ley para el impulso de la educación superior en México es una buena noticia. Saludamos la iniciativa, pues una nueva ley que impulse con eficacia a la educación superior colocará a nuestras instituciones como palancas del desarrollo social y económico de México. La experiencia demuestra que la
transformación de muchos países se ha sostenido sobre acuerdos nacionales de apoyo a la educación superior.
Es evidente que la actual Ley para la Coordinación de la Educación Superior, que data de 1978, ha quedado rebasada: juega un rol marginal en la gobernanza, la organización y la innovación del sistema educativo superior del país.
Es pues el momento propicio para un nuevo marco legal y para un nuevo acuerdo nacional. Pero no puede ser cualquier Ley. El país demanda una Ley moderna, flexible y con visión global. Por ello, las rectoras y los rectores integrantes de la Región Centro Occidente (RCO) de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), nos pronunciamos por un marco legal que contribuya a:
• Fortalecer el concepto de autonomía universitaria, indispensable para el desarrollo y la generación de conocimiento e innovación, en ambientes de libertad académica y de autogobierno;
• Garantizar los recursos suficientes para los compromisos asumidos, sobre todo en lo que respecta a la obligatoriedad y la gratuidad;
• Mantener y fortalecer el espíritu de la evaluación y acreditación por pares académicos, no por instancias gubernamentales centralizadas;
• Distribuir funciones y atribuciones en un esquema moderno de gobernanza colaborativa, no de centralismo;
• Promover la diversidad del sistema educativo superior, reconociendo su riqueza y vocaciones diferenciadas;
• Generar incentivos para la innovación de las universidades e instituciones de educación superior, fomentando la experimentación de modelos y enfoques diferenciados;
En particular, en esta nueva Ley es fundamental el reconocimiento y el fortalecimiento del precepto constitucional de autonomía universitaria. Ello se vuelve urgente, sobre todo ante los embates de algunas legislaturas estatales para coartar la autonomía a través de intentos de modificación unilateral a las Leyes Orgánicas de diversas universidades.
La autonomía universitaria, en tanto un gran pacto histórico entre los gobiernos y las universidades, es condición indispensable para el desarrollo de las funciones de docencia, de investigación y de innovación.
La libertad académica requiere que las universidades tengan la capacidad de tomar sus propias decisiones en sus asuntos fundamentales, bajo sus propios procesos. Solo a través de esta libertad responsable las universidades pueden desarrollar sus funciones sustantivas, sin interferencia política de los gobiernos.
No perdamos esta oportunidad histórica para fortalecer nuestra educación superior, en un marco de libertad y respeto.
