Guanajuato, Gto.- El diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor, integrante del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), presentó un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y a la presidenta del Municipio de Irapuato, Lorena del Carmen Alfaro García, para que analicen la efectividad de las acciones en materia de seguridad pública y prevención de delitos que actualmente se implementan, así como el fortalecimiento de las mismas o, en su caso, la creación de nuevas estrategias que contemplen medidas clave diseñadas para reforzar la prevención de los delitos y su reducción.
Manifestó que una característica inherente de un auténtico Estado de Derecho lo constituye la seguridad pública, pues representa el goce de las prerrogativas humanas y el ejercicio de las libertades.
Explicó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública en el mes de septiembre de 2024, se estima que el 68.2% de las y los guanajuatenses de 18 años y más, considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy la entidad.
Ramos Sotomayor se refirió a la situación particular del municipio de Irapuato en donde, dijo, actualmente las y los irapuatenses son testigos de la proliferación de actos delictivos en el municipio, situación que obliga a replantearse las estrategias de seguridad implementadas para la prevención del delito.
Agregó que el 84.8% de los habitantes mayores de 18 años de ese municipio dijeron sentirse inseguros y que la ciudad ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en las mediciones de inseguridad.
Después de precisar algunas cifras que reflejan el aumento en delitos de alto impacto, el congresista mencionó que el incremento desmedido de la violencia e inseguridad en ese municipio era el reflejo de un sistema deficiente en la prevención del delito y programas en materia de seguridad pública.
Ramos Sotomayor comentó que lo que más aflige a las y los irapuatenses es la alarmante alza de homicidios que sufre la ciudad y subrayó que los operativos implementados tienen poca participación y resultados, son ineficaces y con fines recaudatorios.
Añadió que la relevancia del incremento de ese delito no sólo radica en el número creciente de víctimas directas e indirectas, sino en las profundas consecuencias sociales, económicas y psicológicas que provoca.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones para su dictaminación.
