Más de 250 personas fueron detenidas en las últimas horas por los saqueos y actos vandálicos cometidos en el marco de las protestas por el alza al precio de los combustibles en México, cuyo Gobierno prometió mano dura para frenar los abusos.
En un mensaje nocturno a la prensa, el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, René Juárez, explicó que lo sucedido son “actos al margen de la ley, que nada tienen que ver con una manifestación pacífica ni con el derecho a la libre expresión que tienen todos los mexicanos”.
Juárez dijo que “se trata de hechos acotados a un pequeño número de municipios”, pero que están generando “daños patrimoniales a terceros”.
Al hacer balance de los incidentes, Juárez detalló que “hasta el momento se ha detenido a más de 250 personas que han participado en diferentes actos vandálicos”.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, ha ordenado a los organismos federales de seguridad “continuar trabajando junto con las autoridades locales que están enfrentando esta situación”, añadió Juárez.
“Hacemos un llamado a la prudencia. Les pedimos a los ciudadanos no dejarse confundir por rumores y mentiras que solo buscan generar alarma y alterar el ánimo social”, pidió.
En el mismo sentido, el Gobierno del estado de México califico de “falsos los mensajes, publicaciones y audios que circulan en redes sociales sobre un supuesto toque de queda o presencia de grupos armados en algunos municipios” de esa entidad vecina de la Ciudad de México.
Dichos mensajes, añadió en un boletín, “han sido difundidos irresponsablemente con el único propósito de generar psicosis y temor entre la gente”.
De acuerdo con el texto, esta situación ha sido aprovechada por “algunos grupos de personas” para cometer robos y actos vandálicos con el pretexto de protestar por la liberalización del precio de las gasolinas, acciones por las que han sido detenidas 161 personas en ese estado.
Previamente, el propio presidente del país, Enrique Peña Nieto, prometió mano dura ante el agravamiento de las protestas por el alza de combustibles, que entró en vigor con el año nuevo.
“El Gobierno de la República no permitirá abusos de quienes al amparo de esta medida (la subida de precios) se excusan y cometen tropelías”, dijo el mandatario desde la residencia oficial de Los Pinos en su primer mensaje del año a los medios.
Aseguró también que se controlarán los posibles “incrementos o toma de decisiones al alza en precios de productos que no son justificados”.
Fue un mensaje de firmeza para contener el estallido social que parece cernirse sobre México, aunque el mandatario también dijo comprender el “enojo” de la ciudadanía ante una “dolorosa” medida.
Además de actos de vandalismo, en distintos puntos del país se sucedieron bloqueos de carreteras y de terminales de almacenamiento y despacho de la empresa estatal Pemex.
Varias arterias principales que conectan la Ciudad de México con los estados colindantes fueron bloqueadas por manifestantes desde primera hora de la mañana, causando enormes atascaos para entrar y salir de la capital en las horas punta.
A la espera de una reunión el próximo lunes entre el titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade, y la Conferencia Nacional de Gobernadores para hablar del “gasolinazo”, varios gobernantes estatales se han mostrado contrarios a la medida.
Javier Corral, gobernador de Chihuahua, perteneciente al conservador Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que no reprimirá las protestas pacíficas por el alza de precios, y Miguel Ángel Yunes, mandatario de Veracruz y militante de la misma agrupación, criticó que el aumento tiene un fuerte impacto social.
Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, exigió a las autoridades federales y estatales dar protección a los comercios ante la ola de saqueos.
En una entrevista con la emisora Radio Fórmula, el dirigente del organismo representativo y de interlocución del empresariado manifestó que se puede discrepar del aumento. “Pero de eso a llevarnos a una falta de Estado de derecho y a utilizar un crimen, como robar y saquear comercios, no puede ser sostenible”, dijo.
Añadió que algunos gobernadores podrán estar en desacuerdo con las medidas del Gobierno federal, pero “con quedarse con las manos cruzadas y no intervenir en la protección del patrimonio de las personas solo están ahuyentado la inversión en sus propios estados”.
