Guanajuato.- Luego de que el pasado viernes la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción determinara que desconoce a los legisladores la calidad de víctimas y los excluyó de ser parte de la investigación penal, el Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) anunció que llevará ante la justicia federal las cuatro denuncias penales que levantó contra el gobierno del estado y el municipal de Guanajuato: el tema del estadio de futbol de León, la segunda con vales grandeza, la tercera con el tema del fideicomiso FIDESSSEG y la cuarto con la denuncia sobre el tiradero municipal de Guanajuato capital y la responsabilidad del gobierno municipal.
En rueda de prensa, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, David Martínez Mendizábal y su compañero de bancada, Ernesto Millán Soberanes, fijaron su postura sobre el tema e informaron sobre el estatus de la denuncia penal presentada en el año 2023 contra lo que consideran actos de promoción electoral.
Martínez Mendizábal informó que son cuatro denuncias penales: el préstamo a Grupo Pachuca para la compra del estadio de futbol de León, los vales grandeza, el fideicomiso FIDESSSEG y la denuncia sobre el tiradero municipal de Guanajuato capital y la responsabilidad del gobierno municipal.
El 24 de julio de 2023, las diputadas y diputados del grupo parlamentario de Morena presentaron una de las denuncias por posibles actos de corrupción en la ejecución del programa vales grandeza, toda vez que de acuerdo a la auditoría del estado ASEG, 799 personas proveedores de alguna entidad de gobierno o funcionarios públicos de la administración municipal y estatal, fueron beneficiarios del programa, lo que constituye un posible delito ya que la población objetivo del programa, era la población guanajuatense en situación de vulnerabilidad por falta de ingresos, no servidores públicos y proveedores de gobierno.
El 26 de septiembre del 2023, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, emitió un acuerdo en el que desconoció a los legisladores la calidad de víctimas, y por lo tanto los excluyó de ser parte de la investigación penal.
Martínez Mendizábal calificó como hecho absurdo que se desconozca la legitimidad de ser parte en esta investigación, y en cambio se le reconozca tal carácter justamente a la Secretaría de Desarrollo Social, “instancia que operó estos actos presumiblemente de corrupción”, aseveró.
Millán Soberanes explicó que el pasado viernes 12 de enero, ante un juez de control del Poder Judicial del Estado, se llevó a cabo la audiencia para analizar el recurso que presentó la diputada local con licencia y precandidata única a la gubernatura del Estado, Alma Alcaraz, presentado en contra de la determinación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Al resolver el medio de impugnación, el juez de control no quiso entrar a resolver el fondo del asunto, pues señaló no tener competencia para resolver ese recurso, lo que de alguna manera se traduce en mantener vigente la determinación de la fiscalía especializada.
Esto no nos va a detener, sostuvo: “vamos a acudir ante un juez federal para que revise las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la del Juez de Control. Estamos convencidas y convencidos de que el uso político clientelar de la política social, tal como vimos con vales grandeza, no debe continuar ni quedar impune”.
