Guanajuato, Guanajuato
La Comisión Política Permanente aprobó autorizar al presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, diputado Santiago García López, solicitar al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para que autorice y expida la convocatoria para renovar el Consejo Político Estatal (CPE).
El anterior fue uno de los acuerdos que tomó la mañana de este martes la Comisión Política Estatal durante su novena sesión extraordinaria privada y urgente, la cual se llevó a cabo en el auditorio Luis Donaldo Colosio de la sede estatal del partido.
Fue por unanimidad la aprobación de ese acuerdo, al igual que el método de elección del Consejo Político Estatal (CPP) para el periodo 2017-2020, el cual será de elección directa mediante voto universal, libre, secreto, personal e intransferible conforme a lo que determine la convocatoria.
Y se aprobó también que la Comisión Nacional de Procesos Internos sea la que organice y valide el proceso.
Santiago García López y la secretaria General del CDE, Luz María Ramírez Cabrera, en su carácter de presidente y secretaria de la Comisión Política Permanente, encabezaron los trabajos de la novena sesión extraordinaria privada y urgente de ese órgano deliberativo, mientras que el secretario de Organización, José Huerta Aboytes, fungió como secretario Técnico en razón de la ausencia justificada y autorizada del titular de la misma.
Además de los anteriores, también formaron parte del presídium la dirigente estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (Onmpri), Montserrat Vázquez Acevedo, y Hugo Varela Flores, quien está al frente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en la entidad.
Asimismo, Salvador Ramírez Argote y Jaime Martínez Tapia, dirigentes estatales de Unidad Revolucionaria (UR) y del Movimiento Territorial (MT), respectivamente.
La Comisión Política Permanente también aprobó topes de gasto para proselitismo dentro del proceso interno para la elección del Consejo Político Estatal.
Los comisionados consideraron que la situación económica actual del país y las políticas públicas sugieren adoptar criterios de racionalidad y austeridad del gasto, motivo por el cual se acordó que el tope máximo de gastos de proselitismo por planilla sea el equivalente al 2% del monto autorizado por el órgano electoral local para la elección constitucional de gobernador inmediata anterior.
