Silao, Guanajuato.- Aunque se reconoció que hubo un comunicador asesinado en Celaya, en 2024 el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas emitió 54 medidas para 26 reporteros y cuatro mujeres activistas, señaló el informe del presidente del organismo y secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona.
En el encuentro, en el que estuvo presente la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y al que acudieron periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el Parque Bicentenario, se dieron a conocer os números de un año de actividad, en el marco del relevo de representantes de ambos grupos:
Del total de las medidas, 10 fueron rondines aleatorios, 2 con asignación de escoltas, 14 con número de emergencia, 4 con vigilancia afuera del domicilio, 3 con notificación a municipios, 3 con canalización al Mecanismo Federal, 8 canalización con el Ministerio Público, 1 con la Procuraduría de los Derechos Humanos, 1 con la Comisión Estatal de Víctimas, 7 con instalación de cámaras de seguridad y un pronunciamiento.
En su mensaje, García Muñoz Ledo hizo un “respetuoso llamado” al fiscal del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, quien forma parte del Consejo, para que procure justicia y esclarezca los homicidios de reporteros, registrados en los últimos años y en el especial el más reciente, el del periodista celayense conocido como “El Llanero Solititito”:
El 4 de agosto del 2024, el reportero del municipio de Celaya Alejandro Martínez Noguez fue asesinado cuando viajaba a bordo de una patrulla y era custodiado por dos tránsitos. Era beneficiario del Mecanismo Federal de Protección, pero no tenía medidas para ser cuidado por elementos municipales. La Fiscalía General del Estado (FGE) continúa investigando si el homicidio tiene relación con la actividad periodística de Noguez.
La gobernadora aseguró que el compromiso de su administración es garantizar la seguridad de periodistas y activistas. Exhortó al Congreso a aprobar a la brevedad las iniciativas de reforma a la Constitución, al Código Penal y a la Ley de Seguridad y a la Ley de Protección, que el año pasado fueron enviadas a los diputados.
“Son acciones que determinantemente llevan al camino de salvaguardar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y de los periodistas”, concuyó.
Jorge Jiménez mencionó que el Mecanismo Federal de Protección emitió tres medidas de protección que incluyeron rondines afuera de la vivienda, vigilancia afuera del domicilio y un número telefónico de emergencia. Agregó que fue habilitado un grupo de Telegram para periodistas de Celaya, región con características especiales de inseguridad.
El Consejo exhortó al alcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, a respetar la libertad de expresión, porque cuando recibió su constancia de reelección denostó a la periodista Ana Luz Solís Frías, a quien insultó y llamó “tronchatoro”.
“Cabe resaltar que los colectivos de personas buscadoras, de personas desaparecidas, asistieron a los cursos de autoprotección”, destacó también el funcionario.
Acciones de Periodistas en el Consejo
La reportera Sofia Negrete, en representación de periodistas integrantes del Consejo, agradeció la apertura al diálogo y la voluntad política de las autoridades estatales e invitó al gremio a mantenerse unido:
“Hoy es momento de dejar a un lado cualquier diferencia o interés que, lejos de sumar, divide, es momento de unirnos, ser un gremio fuerte y sólido”.
Los consejeros periodistas impulsaron reformas a la Constitución para reconocer a las buscadoras como defensoras de derechos humanos y la obligación del Estado de proteger a periodistas, dijo.
También reformas al Código Penal y a la Ley de Protección para aumentar las penas en las agresiones contra periodistas y activistas, así como para mejorar la seguridad de los beneficiarios, resaltó.
Destacó que los consejeros periodistas, que terminan su periodo el 10 de abril, dejan dos iniciativas de reforma. Una es la Ley Electoral para prevenir el uso de la figura de violencia política como medio para atentar contra la libertad de expresión. La otra es a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que las agresiones contra comunicadores y activistas se castiguen por esa vía.
Cristina Rodríguez García, representante de las personas defensoras de los derechos humanos, reconoció el trabajo de los integrantes del Consejo. Destacó que la integración de este es una muestra de igualdad, en donde se escucharon y propusieron mecanismos resultó en acciones de seguridad para todas y todos los que representan.En el periodo en mención, el Consejo elaboró un Protocolo de Seguridad para la Cobertura Electoral, se impartieron cursos de autoprotección para periodistas y defensores; incluso las buscadoras tienen su propio protocolo de autoprotección,
El Consejo Estatal de Protección está integrado por la Secretaría de Gobierno, por la Fiscalía General del Estado, por la Secretaría de Seguridad y Paz, por la Secretaría de la Honestidad, por la Procuraduría de los Derechos Humanos, por el Poder Judicial, por tres periodistas y tres defensores, cuyo cargo es honorífico.
