Guanajuato, Guanajuato.- En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso aprobó la Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2026. Lo más destacado fue que el refrendo vehicular no quedó en los 1,180 pesos solicitados originalmente. Será de 940 pesos en promedio.
Dicha ley asciende a 140 mil 331 millones 093 mil 736 pesos, lo que equivale a una variación real del 9.56% de incremento nominal; no contempla nuevos impuestos. En cuanto a los derechos, se detectan nuevos conceptos en esta categoría, se mantienen los vigentes para el ejercicio fiscal de 2025 y otros se reestructuran en su mecánica de cobro.
Se contempla la incorporación de derechos por permisos provisionales, el derecho por la celebración de la cesión de derechos en materia de bebidas alcohólicas realizada por la autoridad fiscal, los derechos en materia de establecimientos de casa de empeño y yonques. Además, se incorpora el concepto por la revisión y validación de la cédula de operación anual, entre otros aspectos.
El panista Víctor Manuel Zanella Huerta habló a favor del dictamen. Explicó que para el ejercicio fiscal 2026 se contemplan 113 mil 938 millones 136 mil 179 pesos de recursos federales, lo que representa un incremento de 8 mil 101 millones de pesos respecto a 2025, pero cuando se eliminan las etiquetas y las obligaciones legales, el incremento real disponible para el Estado es de alrededor de 4 mil 378 millones de pesos, y no de ocho mil.
El morenista Carlos Abraham Ramos Sotomayor se pronunció en contra, al precisar que se encuentran ante una iniciativa que lejos de ser un instrumento de justicia social representa un ataque a la economía de los guanajuatenses, a los sectores productivos y a la equidad social en la entidad. Dijo que representaba un esfuerzo desproporcionado para obtener recursos, que se habían autorizado incrementos en trámites sencillos como actas de nacimiento, refrendo vehicular, permisos de transporte, entre otros.
Asimismo, remarcó que no estaban bien fundamentados los aumentos, que se le estaba cargando el costo a la población, que Guanajuato no necesitaba nuevos impuestos ni deuda, sino transparencia y disciplina fiscal.
La formalmente perredista María del Pilar Gómez Enríquez pasó a tribuna a hablar a favor de la propuesta y justificó los aumentos porque los recursos en salud se han reducido en más de 700 millones de pesos, al igual que el Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública. También habló del modelo de centralización y la respuesta que las entidades tienen que hacer al respecto, así como del trato desigual que se le ha dado a Guanajuato en materia presupuestaria.
Gómez Enríquez externó que ha habido decisiones arbitrarias en la distribución del recurso, por lo que el estado busca fortalecer los ingresos propios para impulsar la salud, la seguridad y otros rubros, ante el trato que ha tenido la federación y el castigo que ha recibido en recursos.
La morenista Hades Berenice Aguilar Castillo le reviró y dijo que la propuesta panista era una burla para el pueblo. Remarcó que 86 pesos de cada 100 pesos que le llegan a la entidad provenían de la federación; que subían los precios de las placas, el refrendo, las licencias, así como trámites básicos sin bajar los privilegios que ellos tenían. Si se dejara de gastar en privilegios, al gobierno estatal le alcanzaría para llevar a cabo sus proyectos sin deuda pública y sin impuestos exagerados que atentan directamente contra la ciudadanía, remató
El dictamen fue aprobado en lo general por mayoría de votos con 24 a favor y 12 en contra.
Reservas
El morenista Ernesto Millán Soberanes se manifestó en contra de la propuesta de aumento del refrendo vehicular al promedio 1,180 pesos. La entidad está por debajo de la media, aseveró, pero no se justifica el aumento por ser desproporcionado y afectar a la economía de la gente. Propuso que el aumento se ajustara al 4% autorizado. La reserva no fue avalada.
Carlos Abraham Ramos Sotomayor pidió reservar el artículo 24 de la Ley de Ingresos relacionada con el cobro del plaqueo a automóviles y motocicletas, toda vez que se busca incrementar los costos un 24% y por ello se propone ajustar el pago al criterio del 4%. La propuesta fue rechazada.
Hades Berenice Aguilar Castillo puntualizó que solicitaba que las tarifas para las licencias y permisos para conducir solo se incrementaran 4% para la vigencia de 5 años. La reserva fue rechazada.
Su compañera María Eugenia García Oliveros señaló que el dictamen relacionado con la adopción simple es una figura ajena a la época, incompatible con el sistema jurídico vigente y contraria al principio rector del interés superior de la niñez y de ahí que su eliminación obliga a que desaparezcan todos los elementos asociados, tal como procedimientos, requisitos, tarifas, menciones registrales, entre otros aspectos. Pidió que se derogara la fracción III del artículo 7 de la iniciativa en cuestión, para responder a una necesidad jurídica, técnica, social y constitucional. La reserva no fue aprobada por mayoría de votos.
El morenista Luis Ricardo Ferro Baeza se refirió a cómo se ejerce el poder y quién paga el precio de un mal gobierno. En ese sentido, comentó que se pretende incluir cobros de pagos relativos a la autopista Silao-San Miguel de Allende como si ya existiera, prestara un servicio y el pueblo estuviera recibiendo algo a cambio. También le “batearon” su propuesta.
La priista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia presentó una propuesta a nombre del PAN, PVEM, MC y PRI para modificar el artículo 8 y proponer adicionar que también quedarán exentos de pago los derechos en materia de Registro Civil por inscripción de ejecutorias que declaren la ausencia y la presunción de muerte cuando se relacione con la comisión de un delito; por las certificaciones de nacimiento para las personas mexicanas repatriadas que cuenten con la constancia correspondiente expedida por el Instituto Nacional de Migración (INM) y por las certificaciones: para la regularización y expropiación de predios que realiza el Gobierno del Estado; que sean solicitadas por autoridades judiciales y ministeriales; que sean solicitadas por el ente competente en materia de servicios para las personas con discapacidad y que sean solicitadas por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato (PEPNNA).
Le apoyó la emecista Sandra Alicia Pedroza Orozco y la reserva fue aprobada por unanimidad de votos.
La morenista Maribel Aguilar González rechazó el incremento de 30 a 42 pesos en trámites de registro civil. Propuso que se ajustara al 4 por ciento, planteamiento que fue rechazado.
La priista Rocío Cervantes Barba presentó una propuesta a nombre del PAN, PRD, PVEM, MC y PRI en materia de refrendo, al comentar que el contexto económico actual exige mesura y responsabilidad en la forma en que se actualizan las cargas para las personas, porque para la mayoría el uso del auto no es un lujo sino una herramienta indispensable para trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o acceder a servicios de salud.
El refrendo vehicular aumentó “sólo” 40 por ciento
Agregó que incrementar el refrendo por encima de la capacidad real de pago genera presión económica y, en algunos casos, fomenta la informalidad y el incumplimiento, por lo que planteó una reducción del 34% sobre la propuesta original de la gobernadora para que quede en 940 pesos.
El morenista Ernesto Millán Soberanes no estuvo de acuerdo y lo consideró todavía elevado. La panista Susana Bermúdez Cano pasó a tribuna a hablar a favor de la propuesta.
Ramos Sotomayor mencionó insistió en que un aumento del 40% no se justificaba y destacó que debería ser del 4 por ciento.
Quedó siempre en 940 pesos.
Finalmente, la legisladora Sandra Alicia Pedroza Orozco solicitó reservar los artículos 24, 26 fracción III y 39 de la normativa en cuestión, que regulan los cobros por placas, baja vehicular y licencias de conducir, con la finalidad de que los incrementos se ajusten al porcentaje inflacional autorizado del 4por ciento. Especificó que la movilidad no puede convertirse en un mecanismo de recaudación sin límites, además de tener presente que la mayor parte de las personas que utilizan vehículos particulares para desplazarse lo hacen por necesidad, ante la falta de sistemas de transporte público eficientes.
Las reservas fueron rechazadas.
