Manuel Doblado, Guanajuato.- El Diputado local del PRI, Adolfo Alfaro Reyes, le entregó como “apoyo”, 10 mil pesos en juguetes y pelotas a su pareja y actual regidora, Marisol Ramírez Vargas. La “ayuda”, aunque fue auditada por la Contraloría Interna del Congreso de Guanajuato y dice que no encontró observación alguna, la ley de responsabilidades para Servidores Públicos de Guanajuato, dice que podría recaer en nepotismo y debería ser auditada y castigada por La Auditoria Superior del Estado de Guanajuato ASEG.
Según la auditoria a partidas presupuestales con número de oficio, CI/185/2022, que comprende solamente el periodo del 25 de septiembre al 31 de marzo del 2022, el legislador, le entregó a Marisol Ramírez Vargas, un apoyo verificado dentro de la partida 4411 a Marisol Ramírez Vargas.
Hay que recordar que Marisol Ramírez Vargas, en el periodo donde Adolfo Alfaro, fue alcalde de Manuel Doblado, ella era la Presidenta del DIF y a su vez, en esta administración actual es regidora de la presidencia, detallando que aparte de ganar un sueldo como parte del cabildo, también tiene apoyos presupuestales dentro de la misma alcaldía.
Adolfo Alfaro le dio a Marisol 10 mil pesos en juguetes y pelotas y pese que el Congreso de Guanajuato, le dio el “visto bueno”, faltaría conocer si la ASEG podría iniciar un procedimiento, pues entonces el diputado, estaría beneficiando a una persona con un grado de parentesco directo, con lo que podría estar cayendo un delito de nepotismo.
Finalmente, en octubre del año pasado, con el objetivo de fortalecer el combate a la corrupción, el grupo parlamentario del Partido MORENA presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, en materia de nepotismo.
El diputado Ernesto Millán Soberanes precisó que la propuesta tiene como propósito reconocer el nepotismo como una práctica que domina los intereses familiares y personales sobre el interés público de los servidores públicos que incurren en ella, aunque no se ha mencionado si ya fue reconocida como una falta administrativa grave de los servidores públicos.
