Guanajuato, Guanajuato.- El juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, Orlando Íñiguez Delgadillo, ordenó reabrir la investigación penal por presuntas compras y contrataciones irregulares contra Gabriel Cortés Alcalá, actual secretario de salud de Guanajuato y titular, entre 2023 y 2024, del Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en León (ISSSTE HR León). El caso involucra al actual Fiscal General del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, que en ese tiempo era delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad.
Así lo informó el activista Roberto Saucedo Pimentel, quien ha llevado el caso a tribunales para señalar al actual Fiscal como responsable de encubrir la corrupción en el ISSSTE leonés.
El juez determinó lo anterior en una audiencia celebrada ayer lunes en el Centro de Justicia Federal de Aguascalientes. El juez señaló que Diana Martínez, la Ministerio Público encargada del caso, no agotó todas las líneas de investigación ni otorgó el suficiente tiempo para recabar datos de prueba contra el actual servidor público y otros funcionarios acusados de un presunto desfalco de 50 millones de pesos a través de contratos adjudicados a empresas pertenecientes a trabajadores de confianza del ISSSTE, lo que supone un conflicto de interés.
El caso
El 8 de noviembre de 2024, Martha Karina Rodríguez Lizola, actual titular del ISSSTE HR León, denunció, penal y administrativamente, a Cortés Alcalá y a otros subalternos por presuntos actos de corrupción.
A 17 días de ser interpuesta la denuncia, la agente del ministerio público decretó la no acción penal, sin antes recibir presentar los datos de prueba y solicitar actos de investigación a partir de las características de la denuncia.
Diana Martínez, la Ministerio Público que llevó el caso, dijo que emitió cuatro citatorios al personal del ISSSTE para requerirles información del caso, pero ninguno fue respondido, y que citó a comparecer a dos representantes legales de la instancia de salud federal, pero sólo uno —Kevin Álvarez Salgado— respondió y compareció el 25 de noviembre. Ese mismo día decidió cerrar el caso sin ejercer ninguna acción penal.
Álvarez Salgado pidió ampliar el plazo para la presentación de pruebas, pero le negaron la solicitud. Le pidieron entregar documentación en menos de 24 horas, cuestión que le fue imposible cumplir. El 24 de noviembre la agente del ministerio público determinó que la denuncia no procedía, pero lo hizo público hasta el día siguientes.
El caso se había hecho público en la prensa y eso fue pretexto para que no se abriera proceso: en la delegación de la FGR desestimaron indicios documentales y acusaron que la nota periodística no constituía elemento legal para seguir el caso.
El caso fue llevado a tribunales por Saucedo Pimentel. Como resultado, Martínez ya no labora en la delegación de la Fiscalía General de la República en Guanajuato, pero se encuentra vinculada a proceso penal, juntos con otros dos fiscales, por el cierre de la carpeta de investigación contra Cortés Alcalá y los demás implicados.
El activista centra sus baterías contra el actual fiscal. Incluso, tuvieron un encuentro tenso en el Congreso del Estado cuando Vázquez Alatriste fue designado fiscal del estado por la Cámara de Diputados.
