Irapuato, Guanajuato.- El contralor, Guillermo Patiño Barragán confirmó que la Contraloría Municipal abrió una investigación en la Dirección de Catastro por la presunción de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada, los cuales son catalogados por la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas como graves y sancionados penalmente.
Dio a conocer que esta semana se inició con la carpeta de investigación y se están llevando a cabo las diligencias correspondientes en la Dirección de Catastro por personal de Auditoría y Control de Obra y la Dirección de Quejas contra quien o quienes resulten responsables.
“Cabe señalar que esta investigación se está llevando a conforme a los nuevos lineamientos de la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas que nos cambian diversos aspectos del procedimiento, normativa y justamente uno de los principios que nos impone es que debemos ser exhaustivos en cuanto nuestras investigaciones, nosotros no nos vamos a limitar a un nombre, o dos o tres sino inclusive dependendiendo de lo vayamos recopilando podemos seguir señalando o enfocándonos en algunas otras personas que no hayan figurado en un momento dado”, explicó.
El contralor municipal dijo que luego de la solicitud que hizo la regidora Susana Bermúdez Cano, presidente de la Comisión de Contraloría para que se investigaran las presuntas conductas dentro de la dependencia y a raíz de una nota periodística, se aperturó.
Señaló que de acreditarse de acuerdo al análisis preliminar de la Contraloría, las tres conductas graves de cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada, de acuerdo a la nueva ley son catalogadas como graves y se castigan penalmente.
“Tendríamos que darle aviso al Ministerio Público y la calificación de la falta la cual ya no correspondería a Contraloría sancionar sino al Tribunal de Justicia Administrativa imponer la sanción”, apuntó.
Guillermo Patiño Barragán señaló que será en ese caso, que el Tribunal de Justicia Administrativa pueda pronunciarse al respecto, “ello en base a todos los elementos que se le compilen y se le envíen, ellos los tendrán que valorar, nosotros llegamos al cierre de la investigación”, que concluirá en 30 días hábiles.
Notus dio a conocer que la Dirección de Catastro cuenta con un organigrama “hecho a la medida” de su director Carlos Alberto Hernández quien probablemente ha colocado compadres, amigos y familiares en un círculo en el que al parecer manejan avalúos a su modo.
Carlos Alberto Hernández mantiene un grupo de personas que laboran para él en puestos estratégicos donde la información considerada como reservada y clave en la elaboración de avalúos comerciales se encuentra en manos de algunos de sus colaboradores para poder “venderlos por fuera”.
De acuerdo a información obtenida al interior de la Dirección de Catastro, este grupo de personas a su cargo presuntamente hacen funciones básicas como pasar información a peritos externos, sacar archivos, hacer que esos avalúos que van desde un costo de los 2 mil hasta los 40 mil pesos presuntamente salgan mucho más rápido y que a su vez el dinero que debería ingresar al municipio llegue pero a la parte externa a fin de que no existan “anomalías” rastreables por algún tipo de auditoria.
