Guanajuato, Gto.- La mayoría panista de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se pronunció por dictaminar en sentido negativo la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial.
Dicha comisión abrió sus trabajos con base en el acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para radicar y dictaminar la propuesta que fuera planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que fuera aprobada por la Cámara de Diputados Federal y el Senado de la República por mayoría calificada, además que ya ha sido aprobada por 24 de los 46 congresos locales. La reforma ya ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Después de declarar la apertura formal de los trabajos de esta instancia legislativa, la panista Susana Bermúdez Cano consideró que, aunque ya haya sido publicada la reforma, esta Legislatura debía pronunciarse al respecto, a través del dictamen correspondiente, por lo que instruyó a la secretaría técnica a la elaboración del dictamen en sentido negativo.
La congresista esgrimió diversas consideraciones, entre ellas que la reforma constitucional al Poder Judicial partía de la falacia de asumir que los jueces electos tienen más legitimidad a partir de un ejercicio de popularidad, cuando lo que les da este atributo es su capacidad, profesionalismo e independencia de los poderes políticos y económicos.
Agregó que otro problema, era que la iniciativa contempla la creación de un Tribunal de Disciplina, lo que era preocupante, dijo, ya que lo que se plantea es que se convierta en un órgano encargado de censurar la libertad de juezas y jueces para resolver casos, sobre todo cuando se oponen a las directrices de un régimen político determinado.
Afirmó que cualquier reforma debería implicar una mejora integral que no se quede en un ámbito de revanchismo político, y que lo que no podía suceder era apostar por una reforma regresiva que nos coloque en la situación que teníamos antes de 1994, cuando el máximo tribunal era un apéndice subordinado al Poder Ejecutivo.
Finalmente, detalló las razones generales del sentido del dictamen al mencionar la improcedencia del aberrante proceso de elección de personas juzgadoras por voto popular, la disfuncional creación de un nuevo órgano de administración judicial, la supresión de la independencia judicial con la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y la intromisión de la soberanía estatal con el mandato para que los poderes judiciales locales realicen de forma análoga los referidos cambios.
El morenista Cuauhtémoc Becerra González se refirió al proceso legislativo que conlleva cualquier propuesta normativa. Señaló que al haberse publicado ya la reforma judicial, consideraban que reactivar esta Comisión y, en su caso, convocar a una sesión de Pleno extraordinaria era ocioso.
Precisó que con la citada publicación ya no había materia y que impulsar su discusión de forma extraordinaria pese a carecer de materia, denotaba un interés exclusivamente político de discutir lo ya aprobado, validado y publicado.
Becerra González habló de las ventajas de las reformas entre las que enfatizó impulsar la austeridad republicana, combatir la corrupción y democratizar al Poder Judicial, para finalizar comentando que con esas modificaciones se tendrán juzgadores que sólo respondan al pueblo, el soberano de quien dimana todo el poder público.
Por su parte, la congresista Irma Leticia González Sánchez celebró la publicación de la reforma judicial y apuntó que extrañamente se quería discutir de forma extraordinaria una vez que se quedaron sin materia gracias al descuido en la correspondencia que “hizo perdediza” la minuta la semana pasada.
Habló de los problemas que se atienden con estas modificaciones legales como que el manejo presupuestal del Poder Judicial en el país no se apega a los principios constitucionales; existen problemas graves de corrupción, por lo que era necesario el Tribunal de Disciplina; y no existía independencia judicial.
Afirmó que la reforma aprobada y publicada garantiza no más sueldos inconstitucionales superiores al del presidente de la República, prohíbe formar fideicomisos no previstos en la Ley y garantiza que cada uno de los tres Poderes Públicos de la Unión lleve a cabo una convocatoria pública y conforme un Comité de Evaluación integrado por 5 personas con amplia trayectoria en el ámbito jurídico.
Finalmente se pronunció porque se atienda de manera pronta lo establecido en los transitorios para llevar a cabo la adecuación a la Constitución Política local en la materia.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano (presidenta de la Comisión) y Briseida Anabel Magdaleno González; así como los diputados Cuauhtémoc Becerra González, Gerardo Fernández González, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes y Rolando Fortino Alcántar Rojas. Los acompañaron la congresista Irma Leticia González Sánchez y el legislador David Martínez Mendizábal.
