
Guanajuato, Gto.- Ante el asesinato y amenazas que han sufrido profesionales de la comunicación en los últimos años, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables determinaron realizar una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato, formulada en la LXV Legislatura.
Esta propuesta busca establecer una garantía para salvaguardar el derecho de acceso a la justicia a los periodistas y defensores de los derechos humanos. Pretende incluir como obligación de las autoridades de investigar el origen de las agresiones y amenazas que reciban los periodistas o las personas defensoras de derechos humanos y que dicha investigación culmine con el esclarecimiento o sanción a los responsables.
El diputado José Salvador Tovar Vargas destacó que era relevante contar con un análisis actualizado para incorporar los elementos técnicos y jurídicos de la iniciativa y propuso llevar a cabo una mesa interna con asesoras, asesores y la secretaría técnica la próxima semana.
La morenista Plásida Calzada Velázquez apoyó la propuesta y anunció que la sesión se hará el miércoles venidero.
Entre 2018 y 2025 se ha registrado el asesinato de seis periodistas en cumplimiento de su trabajo (uno estaba desaparecido y ya fueron encontrados sus restos). El más reciente es el del silaoense Kristian Uriel Martínez Zavala, atacado a balazos el domingo 2 de marzo cuando viajaba en un carro de transporte ejecutivo de servicio privado.
Uno de los casos más señalado es el del celayense Alejandro Martínez Noguez, quien fue asesinado a pesar de contar con dos escoltas, que eran agentes de tránsito con armas y entrenamiento limitados.
Por otra parte, la comisión instruyó la elaboración del dictamen en sentido negativo de la iniciativa de reforma a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato, a fin de generar de manera progresiva condiciones que favorezcan la contratación de personas con discapacidad.
Calzada Velázquez precisó que ya se había publicado un Decreto con reformas a la citada norma jurídica en el que se establece como atribución de las autoridades estatales y municipales la generación de condiciones que favorezcan la contratación de personas con discapacidad y, para tal efecto, promoverán el derecho al trabajo digno, atendiendo a sus respectivas competencias laborales, garantizando por lo menos un 3% de contratación en su plantilla laboral de forma progresiva.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Plásida Calzada Velázquez (presidenta), Ana María Esquivel Arrona y Miriam Reyes Carmona; así como los diputados Jesús Hernández Hernández y José Salvador Tovar Vargas.