Guanajuato, Gto.
Entre gritos de ¡ilegal, ilegal”, expresados por la bancada morenista, en sesión extraordinaria, rindieron protesta Juan Víctor Fonseca López como titular de la Auditoría Superior del Estado, y María Soledad Aguayo Aguilar como magistrada propietaria del Poder Judicial del Estado, quienes ocuparán esos cargos por un término de 7 años, contados a partir del 16 de septiembre para el primero, y de este día, para la segunda.
Previamente se sometieron a votación ambos dictámenes. El correspondiente a la elección de un magistrado registro 24 votos a favor y 12 en contra; mientras que el relativo a la designación de la persona titular de la Auditoría Superior del Estado se aprobó con 27 a favor y 9 en contra.
Hablaron en contra del dictamen para designar a un magistrado propietario del Poder Judicial las diputadas Alma Edwviges Alcaraz Hernández y Yulma Rocha Aguilar; mientras que a favor se pronunció la legisladora Susana Bermúdez Cano.
Al hacer uso de la voz, la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández precisó que el dictamen puesto a discusión refleja los defectos estructurales que existen en el sistema de nombramientos de jueces y magistrados tan viciados que existen en el país y en la entidad, siendo un reflejo del por qué es necesaria la reforma al Poder Judicial.
Agregó que han existido diversos cargos por nombramiento que no se cuentan con el perfil adecuado y tampoco con experiencia, lo que hace ver que en Guanajuato se ha politizado la justicia y se ha creado un vínculo inseparable entre el Gobierno del Estado y el Poder Judicial.
La legisladora mencionó que los perfiles de la terna propuesta provienen del gobierno estatal, sin que exista una evaluación para saber si son personas idóneas para los cargos, junto a afirmar que cualquier persona funcionaria pública puede llegar a ocupar los máximos espacios del Poder Judicial sin tener argumentos válidos.
En su alocución, la legisladora Susana Bermúdez Cano manifestó que todas las personas propuestas cumplen con los requisitos para ser magistrado, tienen una carrera y reputación que los respalda, no son cualquier profesionista de derecho sino personas con honorabilidad y con competencia para ejercer ese cargo.
En rectificación de hechos, el diputado David Martínez Mendizábal apuntó que era un error grave, que la Minuta del Senado sobre la reforma judicial se envió en tiempo y forma.
La congresista Yulma Rocha Aguilar indicó que, si bien la reforma a nivel federal no es correcta, en la entidad se han utilizado las magistraturas de cuotas y de cuates, lo que tanto se denuncia a nivel federal, han sido usadas como agencia de colocación del grupo en el poder, dijo. Afirmó que la terna en cuestión llevaba ese sello de cuates en la repartición de las magistraturas.
Este punto suscitó un debate en el que intervinieron las diputadas Susana Bermúdez Cano y Alma Edwviges Alcaraz Hernández tanto en rectificación de hechos como en alusiones personales.
Protesta integrantes Consejo Estatal Ciudadano en materia de búsqueda de personas del Estado de Guanajuato
Además, se aprobó por unanimidad el dictamen relativo a las propuestas para la renovación del Consejo Estatal Ciudadano en materia de búsqueda de personas del Estado de Guanajuato, y se designó a Griselda González Rodríguez, Angélica Zamudio Almanza, Nailea Giseth Careño Ortiz, Martha Yrene Rodríguez Orozco y Ma. de los Ángeles Hernández Uribe; así como a los ciudadanos Jordi Rodríguez Torralba y Guillermo de Jesús García Ruiz, quienes rindieron protesta, a excepción de Guillermo de Jesús García Ruiz y Ma. de los Ángeles Hernández Uribe.
Al hablar a favor del dictamen, la congresista Susana Bermúdez Cano manifestó que para su partido político la participación ciudadana constituye un eje sustantivo para el desarrollo de una mejor democracia y la construcción de ciudadanía, participar en las instituciones de carácter asociativas, permite a los ciudadanos influir en el diseño, organización y toma de decisiones.
Apuntó que atendieron la convocatoria nueve ciudadanos ejemplares, de los cuales se elegiría a las siete personas que desempeñaran tan importante cargo. Añadió que la participación de este Consejo resulta fundamental, para que, con su asesoría, se generen condiciones de búsqueda digna y la presentación con vida de sus seres queridos.
Precisó que de las siete personas que se elegirán, tres corresponderán a familiares de personas desparecidas; dos a especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas o en la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General, dentro de las cuales una será especialista en materia forense; y dos a representantes de organizaciones de la sociedad civil especializadas en derechos humanos.
Bermúdez Cano indicó que cumplir con lo que la Ley le mandata al Poder Legislativo al integrar el Consejo Estatal Ciudadano en materia de búsqueda de personas, colma una acción más en el diseño institucional en materia de derechos humanos, al integrar a una de las principales instancias previstas para las tareas de búsqueda y localización de personas desaparecidas.
Cuando Víctor Fonseca protestó para ocupar el cargo, la bancada morenista le gritó ¡ilegal, ilegal! y abandonaron la sala para no saludarlo.
