San Diego de la Unión, Guanajuato. – Juan Carlos Castillo Cantero, quien llegó a la presidencia municipal de San Diego de la Unión por el Partido Redes Sociales Progresistas (PRSP), regresó a su querencia el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Castillo Cantero se ha distinguido por no acatar recomendaciones de la PRODHEG por violencia política ni resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato
El funcionario, quien se ha negado a atender recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) por Violencia Política hacia una exfuncionaria y hacia un regidor, dijo que regresó al partido tricolor motivado por la salida de la diputada Yulma Rocha, a la que acusó de haberle obstaculizado sus aspiraciones políticas al interior del instituto.
Con la salida de Yulma Rocha regresarán muchos más militantes, aseveró.
Rueda de prensa
La información anterior fue dada a conocer esta mañana en una rueda de prensa realizada en la sede estatal priista.
El edil estuvo acompañado por Ruth Tiscareño, presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) y otros dirigentes estatales.
Castillo Cantero manifestó que uno de los motivos de su salida del PRI fue la actitud que con él tuvo la ahora legisladora emecista.
Explicó que cuando él era dirigente municipal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), ella era integrante de la dirigencia estatal y lo hostigó y relegó. Añadió que consideró oportuno regresar al PRI ahora que ella ya no está en él y añadió que hay muchas personas resentidas con la irapuatense, por lo que se augura el retorno de una gran cantidad de militantes.
No acata recomendaciones
La PRODHEG emitió en 2022 una recomendación por violencia política de género en contra de una regidora en la primera gestión como alcalde. Esto motivó a que en marzo pasado compareciera ante la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado.
Ahí manifestó que no había aceptado la recomendación porque no fue oportunamente enterado y dijo que “se equivocaron de persona, aquí yo soy la víctima”.
Castillo Cantero acudió al Congreso del Estado acompañado por unos 20 ciudadanos de su municipio, quienes llegaron para manifestarle su respaldo.
La acusación en contra de Castillo Cantero data de su anterior gestión al frente de la alcaldía, en el periodo 2015-2018. La recomendación de la PRODHEG fue emitida en agosto de 2022 y en enero de 2023 la síndica del ayuntamiento de San Diego de la Unión respondió que esa recomendación no sería atendida.
La recomendación obligaba a una disculpa pública institucional a la regidora y que se iniciara un procedimiento administrativo en contra de Juan Carlos Castillo Cantero, lo cual no ha ocurrido hasta la fecha.
El titular de la Prodheg, Vicente Esqueda, desmintió lo dicho por el presidente municipal. “La notificación se hizo a través del conducto legal, que es la síndica; ella nos notificó el 20 de enero que se rechazaba la resolución”. Aseguró que el presidente municipal conocía y sabía el desarrollo de la investigación, pues él firmó dos informes.
El presidente de la comisión legislativa, David Martínez Mendizábal, dijo que esta comparecencia no era para juzgar al edil, sino para escucharlo, y que el informe de esta comisión será turnado a la presidencia del Congreso del Estado.
Contra regidor de su expartido
Miguel Ángel Corpus Morales, regidor del extinto PRSP en San Diego de la Unión y quien cuenta con una licencia al cargo, acusó a Castillo Cantero y a la Secretaria del Ayuntamiento, Laysa Aida Flores, por negarle su reincorporación al Cabildo.
Tras solicitar licencia el 12 de abril por tiempo indeterminado, el regidor tramitó su retorno al cargo el 11de julio, ante el Ayuntamiento de San Diego de la Unión. Sólo ha tenido evasivas de la Secretaría del Ayuntamiento.
El Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG) dio entrada a un juicio para la protección de los derechos político electorales promovido por el regidor Miguel Ángel Corpus, al considerar violaciones a sus derechos como regidor electo.
El acuerdo político no escrito era que las regidurías 1 y 3 de Redes Sociales Progresistas deberían compartir la regiduría la mitad del tiempo con su suplente, es decir 1 año y medio cada uno.
El regidor, que fue en la 1, cumplió el acuerdo, en el que se contemplaba su incorporación a Desarrollo Rural, lo cual no ocurrió porque el alcalde no cumplió. El edil así lo explicó:
“Dijo que yo estaba inventando cosas, que nunca hubo ese acuerdo tal y como yo lo expresaba, pero él sí estuvo ejerciendo presión para que cumpliera y solicitará la licencia al cargo. A su cuñado, que está en la regiduría 3, nunca le requirió como se había planteado en un primer momento, prueba de ello, es que sigue en funciones”.
