Guanajuato, Gto.- La diputada morenista Irma Leticia González Sánchez impulsa una iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato y a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato con el objeto de reconocer y garantizar el derecho de las personas con discapacidad permanente a un apoyo económico.
En su propuesta presentada en la pasada sesión del pleno legislativo, explicó que las personas con discapacidad incluyen a quienes tienen alguna limitación o deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Dijo que entre los principales obstáculos para la inclusión de las personas con discapacidad están las barreras de acceso a la participación económica, mismas que se traducen en una situación de vulnerabilidad por falta de ingresos, y que, según el último censo de población y vivienda, sólo 4 de cada 10 personas con discapacidad mayores de 15 años tienen participación económica.
Y proporcionó el dato con base en el Censo Nacional de Población de 2020: en Guanajuato existen 285,615 personas con discapacidad, equivalente al 4.63% de la población del estado; y el 18% de la población con discapacidad, que son 51,694 personas, no cuenta con afiliación a servicios de salud, lo que aumenta su situación de fragilidad.
Refirió que la política de inclusión efectiva de las personas con discapacidad del Gobierno Federal ha contemplado, entre otras medidas, el reconocimiento constitucional del derecho de las personas con discapacidad permanente a un apoyo económico.
Argumentó que actualmente el derecho a un apoyo económico se garantiza con 2 mil 800 pesos bimestrales para más de 1 millón de personas con discapacidad permanente en todo el país, de las cuales 44,427 pertenecen al estado de Guanajuato. Abundó:
“En nuestra entidad hay aproximadamente 122,539 personas con discapacidad que aún no reciben un apoyo económico; sin embargo, las y los iniciantes consideramos que existen las condiciones de posibilidad suficientes para dar cobertura universal de este derecho en nuestro estado de forma progresiva”.
Finalmente, indicó que la propuesta plantea establecer los criterios de selectividad incremental y las competencias de las autoridades para garantizar el derecho a un apoyo económico permanente; fijar la facultad del Ejecutivo del Estado para otorgar el apoyo económico a que tienen derecho las personas con discapacidad permanente; precisar como criterios de selectividad incremental la minoría de edad, la pertenencia a comunidades indígenas y afromexicanas, así como la situación de pobreza; e incorporar la facultad de establecer convenios de colaboración y complementariedad con la finalidad de garantizar el derecho constitucional de las personas con discapacidad permanente a recibir un apoyo económico.
Ahora tocará a diversas comisiones legislativas ver la viabilidad de la propuesta, sobre todo que ese recurso no está contemplado con precisión en la propuesta de leyes de ingresos y egresos que deben ser discutidas en estos días.
