Guanajuato, Gto.- El sonado caso del caso Punto Legal, un fraude por venta de casas que afectó a casi 500 personas tiene su repercusión: la diputada panista Cristina Márquez Alcalá impulsó reformas a la Ley que Regula a los Agentes Inmobiliarios en el Estado de Guanajuato. Las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Justicia realizaron una mesa de trabajo para analizar la iniciativa con interesados en el tema. El reto: que compradores y vendedores tengan la certeza de profesionalismo y honestidad de quien funge como intermediario. El tema involucra también a las notarías públicas.
El caso de Punto Legal ha conmocionado a ese sector: un grupo de denunciantes llevó a la detención del presunto defraudador, llamado Édgar Francisco, quien les ofreció casas supuestamente rescatadas por bancos y rematadas a precios muy bajos.
Posteriormente hubo otro presunto implicado y en el hecho se señaló supuesta corrupción por parte de cinco notarios públicos. El tema se hizo más grave: dos abogados de los denunciantes han sido asesinados.
La mesa de trabajo
Márquez Alcalá dijo que su propuesta busca darle seguridad al ciudadano, que haya certeza y confianza en casos de compra o venta de bienes inmuebles. Se pretende contar con una norma que dé mayores garantías a todos los involucrados desde el agente inmobiliario, quien pone el patrimonio y al notario que da fe del acto, precisó.
La diputada Susana Bermúdez Cano destacó que la propuesta busca fortalecer la regulación de las agencias inmobiliarias; la obligatoriedad de acreditarse para realizar esas operaciones; el fortalecimiento desde las notarías; la competencia del Poder Ejecutivo para que la Secretaría de Gobierno logre los fines de la ley, a través de una colaboración transversal; y un padrón de agentes inmobiliarios acreditados; así como establecer sanciones.
Gabriel Ponce Fuentes, presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios Acreditados del Estado, señaló que representan a más de 600 agentes acreditados, que derivado de un foro que realizaron obtuvieron las inquietudes del sector, las cuales hicieron del conocimiento de la congresista Márquez Alcalá para lograr consolidar una propuesta legislativa y poder llevar a cabo cambios que mejoren la norma jurídica.
Mercedes Soto Ávalos, directora de Inmobiliaria Zona Mac, señaló que consideraba que es necesario acreditarse; Margarita Rivera Ramírez, presidenta de Asesores de Bienes Raíces Especializados, añadió que habría que considerar la antigüedad para acreditarse de por lo menos dos años; y que las operaciones vayan avaladas por asesores que sí tengan el tiempo mínimo, mientras otros lo alcanzan.
Juan Carlos Alonso Corona, presidente de Asesores Certificados de INFONAVIT, se refirió a los créditos que ofrece dicho instituto y resaltó que se debe tener cuidado en esta actividad porque se
involucra un patrimonio. Precisó que, los agentes inmobiliarios acreditados al estar en un padrón público son fácil de localizar y eso mejora el control.
Juan José González indicó que no había una penalización para quienes realizan prácticas inmobiliarias si no están certificados; en cuánto a la renovación de la certificación se pronunció por mantener su número para conocer el tiempo que llevan realizando este trabajo y destinar recurso para hacer campañas de información sobre fraudes inmobiliarios.
Pilar Fuentes Cortez, notaria pública de Acámbaro, comentó que los agentes inmobiliarios no forman parte de su acto jurídico, simplemente entregan los documentos. Agregó que no tienen ellos que ir más allá; cuestionó en qué beneficiaria que ellos asienten que los agentes inmobiliarios se encuentran en el padrón, que no les corresponde; no está claro el señalamiento de que los notarios deben darle seguimiento; que pertenezcan a un padrón se debe regular, pero no desde el área notarial, dijo.
María Guadalupe Nicasio Meza, representante de agentes inmobiliarios, manifestó que existían áreas de oportunidad y falta de precisión de algunos conceptos como el nombre de la ley.
Se propusieron ajustes al artículo primero, relativo a la naturaleza de la norma, para incorporar la excepcionalidad de a quienes sí y a quienes no les aplica la ley; modificar el artículo cuarto en materia de supletoriedad; entre otras.
Márquez Alcalá comentó que es una propuesta perfectible y destacó la participación social en el proceso legislativo, al poner de ejemplo esta iniciativa. Por otro lado, indicó que encontró unanimidad en cuanto a la profesionalización de los servicios inmobiliarios y reiteró la necesidad de establecer la colaboración con los notarios para la capacitación de los agentes inmobiliarios.
Estuvieron presentes las diputadas Laura Cristina Márquez Alcalá y Dessire Angel Rocha; así como los diputados José Alfonso Borja Pimentel y Bricio Balderas Álvarez. También participaron representantes de la Coordinación General Jurídica; de la Secretaría de Gobierno; de ABRE Bajío, Asociación de Asesores de Bienes Raíces Especializados; de ACERTIA, Asesores Certificados de INFONAVIT; del Colegio Estatal de Notarios; de la Asociación de Agentes Inmobiliarios Acreditados de Guanajuato; y de Hubok Grupo Inmobiliario.
Dar certeza: Ponce Fuentes
Gabriel Ponce Fuentes precisó en entrevista al término de la mesa de trabajo que la propuesta es que haya registro de agentes inmobiliarios y en las notarías exista ese dato para que tanto notarios como compradores y vendedores utilicen sólo servicios de personas acreditadas.
