Guanajuato, Guanajuato.– Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables se reunieron con personas la diversidad sexual y de género, quienes hicieron observaciones a propuestas en torno a la iniciativa de reforma a la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus Municipios, en materia de inclusión laboral de las personas transgénero, travestis y transexuales en el sector público.
Luis Alberto Cruz Cárdenas dijo que en la propuesta se debe atender el no mencionar el acrónimo si el artículo es para personas transgénero, travestis y transexuales, porque no todas tienen las mismas necesidades. Subrayó que deben dejar ese aspecto claro y definirlo tal cual como en otros países como el cupo trans; analizar en la exposición de motivos y evitar que en la misma se genere discriminación; así como contemplar también a los municipios.
Mario Arturo Roa manifestó que falta claridad en los alcances de la iniciativa y se deja fuera a organismos autónomos constituidos constitucionalmente. Joaquín Martínez Sánchez resaltó el hecho de que se hayan visibilizado las tres “t”, que a pesar de la apertura no existe una inclusión real, que a las personas solo se les deja en áreas operativas no de toma de decisiones; la falta de capacitación a los servidores públicos; y cuestionó si habrá rendición de cuentas para conocer la ejecución de la norma.
Iván Alejandro Severiano Manrique habló sobre la importancia de conocer las necesidades reales del sector, de la diferencia entre inserción e inclusión, de la sensibilización de los servidores públicos, entre otros aspectos.
Ángela Ramos Juárez comentó que esperaba que esta conversación sea el inicio para que se creen las bases y protocolos para la inclusión en materia educativa, donde de manera personal remarcó fue discriminada y hostigada por los profesores mientras estudiaba la licenciatura de Derecho; que son relegadas a la diversión, no se les considera en puestos científicos, culturales, políticos, a pesar de que muchas hayan pasado por la universidad.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Plásida Calzada Velázquez (presidenta) y Ana María Esquivel Arrona; así como los diputados Jesús Hernández Hernández y José Salvador Tovar Vargas.
Aprueban dictámenes sobre orden de apellidos, personas adultas mayores y justicia administrativa
La Comisión de Justicia aprobó el dictamen de las iniciativas de reforma al Código Civil estatal, todas ellas con la finalidad de que el padre y la madre, en mutuo acuerdo, asignen el orden del apellido de los hijos recién nacidos en el matrimonio o los reconocidos cuando ambos comparecen ante el oficial del registro civil.
Los asistentes manifestaron que el sistema de nombres actualmente vigente reitera una práctica discriminatoria, por lo que la iniciativa es viable para reconocer los mismos derechos y responsabilidades de los progenitores e ir de acuerdo con los principios de igualdad, no discriminación y derecho a la vida privada y familiar.
El tema fue discutido por la priista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, la panista Susana Bermúdez Cano y la morenista María Eugenia García Oliveros. Las dos primeras a favor del dictamen y la tercera indicó que no se incorpora al dictamen la parte relativa a que en todos los casos que se requiera, la o el juez del distrito civil está obligado a registrar en el acta de nacimiento el nombre solicitado con estricto apego a las formas orales, funcionales y simbólicas de comunicación pertenecientes a las lenguas indígenas.
En la sesión, la mayoría rechazó iniciativa de reforma al Código Civil estatal y a la Ley para el Gobierno y la Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, con la finalidad de que los pueblos y comunidades indígenas tengan plena certeza de que la justicia es asequible. Las y los integrantes de la comisión hicieron observaciones a la propuesta y acordaron revisarla para replantearla.
Los representantes de las personas de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas expresaron que se tiene derecho a decidir sobre su vida colectiva y gestionar su patrimonio propio; que se tiene el derecho de que dicho sector se defienda jurídicamente sin intermediarios; que se consideren personas morales a las comunidades y los pueblos indígenas y afromexicanos sin que aplique la asimilación administrativa ante los entes públicos; que se dote una capacitación a dichas poblaciones a fin de cómo resolver conflictos que puedan surgir por dotarles de personalidad jurídica; y que el reconocimiento a las comunidades y pueblos como personas morales les daría mayor autonomía.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas María Eugenia García Oliveros (presidenta), Susana Bermúdez Cano, Karol Jared González Márquez, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y el diputado Rolando Fortino Alcantar Rojas.
También se contó con la presencia de la legisladora Plásida Calzada Velázquez y representantes de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de Guanajuato; de la Secretaría de los Derechos Humanos; de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; personas asesoras de los diferentes grupos parlamentarios; y personal de las distintas áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.
