
Guanajuato, Guanajuato.- Fiel a su costumbre de acudir lo menos posible a las instalaciones del Congreso del Estado, la diputada morenista Hades Berenice Aguilar presentó por vía virtual un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora del estado a que, por conducto de la Secretaría del Campo, establezca convenios de coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) para articular y reforzar los programas federales como Producción para el Bienestar y Precios de Garantía, evitando duplicidades y garantizando cobertura integral.
También propuso se diseñe e implemente un Programa Estatal de Compra Directa a Productores, tomando como referencia las experiencias exitosas aplicadas en otras entidades, con el fin de asegurar precios justos para el productor.
Habló del abandono del campo guanajuatense y acusó a los gobiernos panistas de no asignarle presupuesto y que ha privilegiado a otros sectores, hecho que condena a la agricultura estatal a un declive acelerado.
Explicó que en 2023 la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural ejerció 1,418 millones de pesos, mientras que, en 2025 contempla apenas $566 millones, lo que representaba una caída acumulada del 60%; y que contrastaba con el incremento del 25% otorgado a la Secretaría del Bienestar federal.
Guanajuato enfrentaba una paradoja cruel porque mientras mantenía posiciones en primer lugar nacional como en la producción de brócoli, cebada y lechuga, dijo, el apoyo gubernamental se desplomaba año tras año.
El 81.9% de las unidades productivas operan en parcelas menores a 5 hectáreas de las cuales solo el 14.9% tienen acceso a riego tecnificado; mientras que los grandes productores, el 56.5% utiliza riego tecnificado, indicó, para agregar que esa disparidad profundiza la desigualdad en el campo guanajuatense, donde los pequeños productores, que representan la mayoría y son custodios de la diversidad genética y las prácticas tradicionales, quedan cada vez más marginados del desarrollo económico.
Del análisis de los programas estatales, argumentó, se revela un patrón de reducción y eliminación sistemática, por lo que enfatizó que mientras Guanajuato reduce su apoyo al campo, otras entidades muestran caminos alternativos, y remarcó que los programas estratégicos federales no pueden compensar el abandono estatal.
Finalmente, manifestó que la reducción de más del 60% en el presupuesto estatal destinado al campo durante los últimos tres años representa un retroceso sin precedentes, pues pone en riesgo la seguridad alimentaria, el empleo rural y la estabilidad social del Estado.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario para su estudio y dictamen.