Guanajuato. – La Diputación Permanente fue escenario de airadas denuncias a las que no se les respondió con debate alguno: especialmente la oposición de la 4T, acusaron beneficios para grupos afines al Partido Acción Nacional, cuestionaron la asignación de recursos para la compra de terreno para el fallido nuevo estadio de León y arremetieron contra el rector de la Universidad de Guanajuato.
En la sesión fueron presentados los expedientes para la designación de las personas integrantes del Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, correspondientes a la C. Marisela Herrera Aguirre, C. Lizbeth Anel Villalvazo Millán y C. José de Jesús Velázquez Hernández, mismos que se turnaron a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.
También presentaron el informe de resultados relativo a la revisión de la cuenta pública practicada al Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2022.
La rutina se rompió en Asuntos Generales
La diputada panista Martha Guadalupe Hernández Camarena abrió la tanda para hablar a favor de Xóchiltl Gálvez, virtual candidata de la oposición a la presidencia de la república. Se esperaba que la bancada morenista le respondiera con loas a Claudia Sheimbaun. Ni siquiera hicieron un comentario mínimo.
Siguió empezar, la diputada morenista Hades Berenice Aguilar Castillo se puso intensa al hablar de la denuncia que se hizo en contra del Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública (FIDESSEG), donde han pasado varios meses en los que el recurso público se utiliza para alimentar algunas organizaciones pública ligadas al Partido Acción Nacional.
Dio datos nombres y fechas, pero no hubo respuesta. El legislador que suele pasar a tribuna cuando cuestionan al ISSEG, Miguel Salim, no es parte de la Diputación Permanente.
Siguió la ecologista Martha Lourdes Ortega Roque, quien habló del cierre de operaciones de los 47 verificentros en 13 municipios de la entidad, lo que representó problemas para los dueños y trabajadores de dichos centros un daño irreparable para el medio ambiente por el incumplimiento de diversos vehículos en el rubro referente a la emisión de gases de efecto invernadero.
Y metido en su cruzada contra la Universidad de Guanajuato, su compañero Gerardo Fernández González pidió propuso exhortar al actual rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino y al director de comunicación social y enlace universitario, Jesús Rodrigo Guadalupe Nájera Trujillo para que atiendan la recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato por los actos en contra del periodista Humberto Gutiérrez y al periódico Correo.
El legislador también hizo referencia a la reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en el Estado de Guanajuato, misma que no llegó a un consenso entre las fuerzas políticas por la falta de un dictamen que conllevara al perfeccionamiento de la ley electoral local.
La priista Yulma Rocha se sumó a la crítica y dijo que en Guanajuato no se llegó a una reforma electoral consensuada por todas las fuerzas políticas, debido a los intereses por parte del grupo mayoritario del Congreso.
Manifestó su inconformidad, incluso, hacia su mismo partido, pues el presidente de la comisión de Asuntos Electorales, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, no tuvo la iniciativa ni capacidad para impulsar una verdadera reforma, acusó.
La diputada morenista Alma Edwviges Alcaraz Hernández externó el incumplimiento del contrato entre Gobierno del Estado y el Club León para el pago del terreno donde se pretendía la construcción del Nuevo Estadio de dicha institución deportiva. Se metió de lleno en el tema del fallido nuevo estadio de León. Queremos saber qué pasó con los 280 millones de pesos que se destinaron para la construcción del inmueble, cuyo proyecto fue cancelado, dijo.
También refirió el asesinato de Paola Quevedo Arreaga por la falta de avances y resultados que permita identificar a los responsables del acto que continua impune, como muchos otros hechos que son un ejemplo del alza de la inseguridad que se vive en el estado.
Otro morenista, Ernesto Millán Soberanes presentó un punto de acuerdo relativo a las anomalías que han existido desde la dirección de comunicación social del municipio de León por la contratación de servicios que pudieran deslindar conflicto de intereses.
