Guanajuato, Gto.- El Pleno del Congreso local aprobó reformas al Código Penal en materia de violencia familiar para sancionar a quien ejerza cualquier tipo de violencia y se agrega el supuesto de que también se considere violencia familiar equiparada cuando la persona agresora tenga responsabilidades de cuidado o apoyo con la víctima.
Destaca el cambio al Artículo 221, que establece sanción a quien ejerza violencia física o moral contra una persona con la que tenga relación de parentesco y se le añade “cuando la violencia se ejerza contra quien haya mantenido una relación de las señaladas en el párrafo anterior o no teniendo ninguna de las calidades anteriores cohabite en el mismo domicilio del activo o tenga responsabilidades de cuidado o apoyo”.
La emecista Yulma Rocha Aguilar y la panista Katya Cristina Soto Escamilla hablaron a favor de la propuesta.
La primera documentó que en 2023 se registraron más de 14 mil denuncias por violencia familiar y aproximadamente 58 mil llamadas de emergencia de mujeres que han sufrido algún episodio de violencia, además de que solo el 7% de la violencia física o sexual que se ejerce contra las mujeres en el ámbito familiar es denunciada.
Explicó que el dictamen busca modificar la definición del tipo penal de violencia familiar para que no solamente se considere la violencia física o moral ejercida contra las víctimas, sino cualquier tipo de violencia que esté nombrada en ley, aunado a que también se considere violencia familiar cuando ésta sea cometida por alguna persona que tenga en sus responsabilidades el cuidad o apoyo, sin importar que no tenga relación de parentesco o sentimental con la víctima.
Soto Escamilla comentó que con estas modificaciones se refuerza tipo penal de violencia familiar, y se castigará a los violentadores en el seno de la familia que no cumplan con las características de parentesco, matrimonio o concubinato. Ejemplificó diciendo que una persona con discapacidad puede ser violentada por otras personas de las que recibe apoyo y que no cumplen la categoría de parentesco, o cuando personas adultas mayores son cuidadas por terceras personas y estás últimas son violentadoras.
“Queremos ampliar la protección para las personas con discapacidad y adultas mayores, así como otras personas, que requieren ser asistidas en sus actividades o vida cotidiana por parte de terceras personas que no necesariamente tienen un vínculo de parentesco, matrimonio y concubinato, pero por cierta causa se incorporaron al núcleo familiar”, indicó.
Aprueban licencias
En la sesión ordinaria, las personas legisladoras también avalaron las solicitudes de licencia por tiempo definido e indefinido al cargo de diputado local formuladas por Laura Cristina Márquez
Alcalá, César Larrondo Díaz, Susana Bermúdez Cano y María de la Luz Hernández Martínez, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Se mandó llamar a María Abigail Ortiz Hernández, Francisco Javier López Saucedo, Ana Teres Camarena Gómez y María Guadalupe Jiménez Terrazas, diputados suplentes, respectivamente, para que rindan la protesta de ley u asuman las funciones correspondientes.
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se turnó la solicitud de licencia para separarse del cargo de diputada local de Noemí Márquez Márquez (3 de mayo), integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Como parte del orden del día se aprobaron modificaciones en la integración de diversas comisiones debido a la incorporación de suplentes de quienes han solicitado licencia para separarse del cargo.
En el apartado de asuntos generales, el diputado David Martínez Mendizábal señaló que el grupo parlamentario que representa no está en contra del desarrollo económico que ejerce el sector empresarial, sino que la crítica radica en aquella élite empresarial que por su poder económico y los recurso que posee buscan evadir impuestos, interferir en las decisiones políticas y que se consideren como representantes de la ciudadanía.
El congresista manifestó que no se puede estar en contra de las MIPyMES porque su actividad económica representa el 52% del Producto Interno Bruto de México, además de apoyar todas aquellas estrategias que ayuden a fortalecer a las empresas que son el sustento de diversas familias en el estado.
