El combate a la corrupción no es un asunto de simple voluntad o moralidad, para vencer a un monstruo de mil cabezas hay que actuar con decisión, pero también con estrategias viables que reflejen resultados tangibles.
Para actuar de manera efectiva en contra de la corrupción se requiere intervenir a través de diversas vías que se apoyen mutuamente con base a la identificación y caracterización e los actos presumibles de delito. Sólo de esta forma se tendrá un ataque frontal a las acciones de los funcionarios que se encuentren alejados de las normas.
Estas acciones sólo serán efectivas si se aplican en su conjunto, caso contrario son esfuerzos aislados que de poco ayudarán a combatir este cáncer para la sociedad. De esta manera se tienen que incluir medidas a corto, mediano y largo plazo, entre las cuales tenemos las siguientes:
- Reforma de las leyes para penalizar con un mayor énfasis los actos de corrupción.
- Cambios en materia administrativa para acotar la discrecionalidad del servidor público.
- Reforzamiento de la cultura de ética y de transparencia.
- Establecer mecanismos de control para impedir la impunidad.
- Participación de la sociedad.
Es éste último punto algunas reflexiones. ¿Verdaderamente participa la sociedad para que se terminen los actos de corrupción? ¿Se tienen los canales adecuados para que el ciudadano participe? Tenemos claro que en caso de no ser parte de la solución… se es parte del problema.
Es urgente que los servidores públicos se distancien de los espejismos del poder y la riqueza fácil, para acercarse a las recompensas de la rectitud y la dignidad. Hay que aspirar a una cultura de principios y valores, en la que lo moral pueda estar por encima de cuestiones pecuniarias.
En días recientes se ha iniciado procedimientos sancionadores en contra de funcionarios públicos, consideramos que se tienen que fincar responsabilidades en los distintos niveles, por ejemplo la vertiente administrativa, pero también la penal y civil.
No entremos a esquemas de simulación que tanto daño le han hecho a este país. Si realmente se quiere solucionar el problema que los diputados modifiquen la Ley de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios y se otorguen una mayor penalidad y acción sancionadora a quienes comentan actos de corrupción.
Hagamos que las cosas ocurran, mejorando el entorno político y social.
ALEJANDRO RAMÍREZ ELIZARRARÁS
LICENCIATURA EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Twitter: @Alelizarraras
